Venezuela responde al 'alivio' de sanciones de la UE contra el presidente del CNE

El canciller venezolano, Yván Gil, rechazó el alivio temporal de sanciones individuales que anunció este lunes la Unión Europea (UE) para el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, y tres exrectores de ese organismo.

Durante su participación en la segunda reunión de Coordinadores Nacionales del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas, en Caracas, el titular de Relaciones Exteriores criticó el anuncio del portavoz de Exteriores de la UE, Peter Stano, quien aseveró que la medida se tomó para "fortalecer los esfuerzos venezolanos hacia unas elecciones presidenciales inclusivas y competitivas", recoge France 24 citando a AFP.

"Hoy vemos cómo la Unión Europea reedita sanciones en contra de una serie de funcionarios venezolanos, agrediendo la soberanía, la independencia, la libre autodeterminación, simplemente por no plegarse a las decisiones del bloque europeo", dijo Gil.

"Rechazamos esta posición"

De acuerdo con la información difundida, se flexibilizarán las medidas coercitivas que pesaban sobre el presidente del CNE, así como con la exrectora Socorro Hernández; el exsecretario del organismo comicial Xavier Moreno y el exvicepresidente del máximo árbitro en materia de sufragio Leonardo Morales.

En opinión del canciller, la EU sacó de "manera engañosa" de la lista de sancionados a algunos miembros del CNE "para enviar supuestamente una señal de buena fe o de alivio". "Nosotros decimos de plano que rechazamos esa posición", agregó.

Según sus palabras, retirar parcialmente las medidas coercitivas en contra de un puñado de funcionarios se hace para "enviar una señal al mundo" de que supuestamente la UE "se plegó al derecho internacional".

"El Estado venezolano es uno solo, no se puede fragmentar, no se puede decir: 'sanciono a estos funcionarios y a estos no'", consideró.

Sin coacciones

En línea semejante se pronunció el presidente del CNE, Amoroso, quien figura como uno de los supuestos beneficiarios de la decisión de Bruselas, quien repudió la medida, al considerar que es "contraria" a su deber de "honrar y defender a la patria, sus símbolos y sus valores; defender la soberanía, la integridad territorial, la autodeterminación la autodeterminación y los intereses de la Nación".  

"Rechazo categóricamente las pretensiones de la UE de coaccionarme, al igual que al Poder Electoral, tratando de aparentar ante la opinión pública internacional que están procediendo al levantamiento de las sanciones coercitivas y unilaterales impuestas a la República Bolivariana de Venezuela", expresó en declaraciones a la prensa. 

Amoroso también exhortó a la UE "y demás países" –EE.UU. y el Reino Unido– "a proceder al levantamiento inmediato de la totalidad de las sanciones coercitivas unilaterales, coercitivas y genocidas impuestas contra el digno pueblo venezolano, que afectan sus derechos humanos".

"La UE persiste en sus prácticas neocoloniales, sin aplicar ninguna corrección a su intervencionismo en Venezuela, con una torpe maniobra con la que busca eludir el creciente rechazo internacional a la aplicación de estas medidas extorsivas, que lesionan los derechos humanos de los pueblos y la soberanía de las naciones", indicó. 

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Para concluir, advirtió que de perpetuarse esta conducta, "resultará imposible entablar un diálogo sincero, respetuoso y productivo con el Poder Electoral venezolano". 

Los sancionados

Las medidas coercitivas —que incluyen congelación de fondos y bienes en Europa, medidas diplomáticas y restricción de visado— contra Amoroso se impusieron en 2020, cuando era contralor de la República. El resto de las puniciones contra los exrectores se dictaron en 2018.

A pesar de que que la comunidad europea tomó estas determinaciones, ratificó que mantendrá las sanciones individuales en contra de los funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro, hasta el 10 de enero de 2025, mes en el que el presidente electo, tras los comicios del 28 de julio, asumiría el cargo.

Desde el 13 de noviembre del 2017, la UE aplicó sanciones contra Venezuela —en el contexto de las protestas antigubernamentales impulsadas por factores extremistas de la oposición— que se basan en limitaciones a las exportaciones, sobre todo en materia militar, restricciones a la admisión en los países miembros de la UE hacia aquellas personas involucradas y la inmovilización de fondos y recursos económicos.