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Fiscalía de Perú ratifica pedido de 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo
El Ministerio Público le acusa de los delitos de "rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública" en su intento de cerrar el Parlamento el 7 de diciembre de 2022.
El Ministerio Público de Perú ratificó el pedido de 34 años de prisión contra el expresidente Pedro Castillo por presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
La fiscal Galinka Meza Salas detalló que se solicitan 25 años por el delito de rebelión, tres años por abuso de autoridad y seis por grave perturbación de la tranquilidad pública. "En total sumado, se ha solicitado 34 años de pena privativa de la libertad y tres años y seis meses de inhabilitación", aseveró.
Ministerio Público ratificó pedido de 34 años de prisión para Pedro Castillo:♦️ En audiencia de control de acusación se reiteró imputación por rebelión, perturbación a la tranquilidad pública y abuso de autoridad♦️ En tanto, el Congreso rechazó su pedido de pensión vitalicia pic.twitter.com/7aF7EV7IY1
— 😷 Política Total (@POLITICATOTALpe) May 23, 2024
Asimismo, pidió 25 años de prisión y dos años y seis meses de inhabilitación para la excongresista y expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez, a quien consideró "coautora del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional".
Meza exigió también 25 años de cárcel para los exministros de Comercio e Interior, Roberto Sánchez Palomino y Willy Huerta Olivas, respectivamente, y para los oficiales de la Policía Nacional, Manuel Lozada Morales, Jesús Venero Mellado y Eder Infanzón Gómez.
Además, reclamó 15 años de prisión para el exprimer ministro Aníbal Torres Vásquez, por el mismo delito.
Destitución y aprehensión
El 7 de diciembre de 2022, el Congreso de la República destituyó a Castillo tras su intento de disolver el órgano legislativo, por lo que luego fue detenido por la Policía.
Desde entonces, Castillo cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo, ubicado dentro de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) del distrito de Ate, en la provincia de Lima.
Dina Boluarte, quien era la primera vicepresidenta en el gabinete del profesor rural, tomó el mando y miles de manifestantes salieron a las calles para exigir su renuncia.
Las protestas, que tuvieron lugar entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, dejaron 59 civiles muertos, así como un policía y seis militares fallecidos.
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