El titular del juzgado número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, que investiga la denuncia presentada contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha ordenado un informe sobre la actuación de la Fiscalía, "vistas las frecuentes e inusuales visitas personales" que realiza al juzgado.
En el documento al que ha tenido acceso El Confidencial, el magistrado critica los intentos del Ministerio Público por "tener conocimiento con carácter inmediato del contenido de las resoluciones, no solo dictadas, sino las que pudieran llegar a dictarse".
Así, Peinado solicita al letrado de la administración de justicia un informe en el que se detalle cuántas veces ha acudido el fiscal al juzgado y su frecuencia.
En el escrito fechado el 23 de mayo, critica "lo inhabitual de la actitud procesal" de la Fiscalía, refiriéndose a que recurrió la apertura de la investigación el pasado 25 de abril solicitando su archivo, tan solo 24 horas después de tener constancia. "Si bien está en su pleno derecho, como se ha dicho, es totalmente inhabitual", dice el juez.
El magistrado también solicita a la Policía Nacional que le remita a la mayor brevedad una copia del DNI de Gómez, como informa Voz Pópuli.
Las nuevas diligencias del instructor se producen después de que se hiciera público un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encargada por el propio magistrado, en el que se descartaba la existencia de cualquier indicio de delito.
¿Qué se investiga?
La querella interpuesta por una organización ultraderechista y que el juez investiga indaga en las actividades profesionales de Begoña Gómez y la acusa de los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
En el punto de mira están las reuniones de Gómez, en representación del Instituto de Empresa Africa Center, en el que trabajaba, con directivos de Globalia, la empresa propietaria de la aerolínea Air Europa, que se llevó una ayuda millonaria del Gobierno de España durante la pandemia de coronavirus, como ocurrió con las grandes aerolíneas en los países europeos durante una época en la que tenían prohibido operar.
Asimismo, también se investigan dos cartas de recomendación firmadas por Gómez para una empresa que se llevó varios concursos públicos. Las cartas, formatos tipos que fueron rubricados por una treintena de personas y entidades, como el Ayuntamiento de Madrid, no fueron tenidas en cuenta para la adjudicación de los contratos, según afirmó la entidad pública Red.es, responsable de las concesiones.