El pasado sábado miles de personas tomaron las calles de Palma, la capital de la isla española de Mallorca, en el enésimo toque de atención de la ciudadanía a los efectos indeseados del turismo masivo.
En el punto de mira está la difícil convivencia con los vecinos, la masificación de determinados servicios y, sobre todo, la afectación de los precios de la vivienda ante la intensa irrupción de los pisos de alquiler turístico.
Sin embargo, las quejas topan con un sector que mueve directa o indirectamente alrededor del 20 % del PIB, que ha sido el motor de la reactivación económica tras la crisis provocada por la pandemia de coronavirus y que proporciona miles de puestos de trabajo.
Las islas lideran las protestas
Hace menos de dos meses fueron las Islas Canarias las que protagonizaron una masiva protesta, poniendo el foco en que mientras crecían los números de visitantes y de creación de riqueza ligados al turismo, la población local cada vez se empobrecía más.
Ahora son las Islas Baleares quienes volvieron a poner esta problemática encima de la mesa. Detrás de la movilización del 25 de mayo está una pequeña agrupación denominada Banc del Temps de Sencelles (Banco del Tiempo de Sencelles), que encabezó la marcha bajo el lema 'Mallorca no se vende'.
Desde hace tiempo es un clamor social el que se escucha contra la masificación, la destrucción del territorio y la desprotección de los vecinos. Javier Barbero y Carme Reynés, portavoces del Banc del Temps, leyeron un manifiesto en el que se exigía declarar la emergencia de la vivienda en Balears para que se tomen medidas de urgencia en favor del derecho a tener una casa.
En lo concreto, se pide que las islas sean declaradas zona tensionada, que se regule el precio del alquiler, limitar la compra de vivienda a los grandes tenedores y ayudas para la rehabilitación de viviendas.
Los pisos turísticos bajo el foco
La protesta resaltó dos de los problemas más acuciantes para Baleares, si bien compartidos por otros muchos territorios en España: la presión del turismo masivo, que ya se percibe como insostenible; y la inaccesibilidad de la vivienda para la población autóctona.
En el foco del problema se encuentran los pisos turísticos, que no han parado de proliferar en los últimos años. En Madrid, solo 948 de los 13.502 pisos de estas características operan con licencia de manera legal, según los datos del propio Ayuntamiento de la capital.
En todo el país, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) se calcula que el 1,3 % de las viviendas están destinadas para uso turístico. En el caso de las Baleares, esa cifra llega al 3,84 %, solo por detrás de las Islas Canarias (4,3 %). Sin embargo, algunos municipios como Pollença llegan a alcanzar el 20 %. Se trata tan solo de una estimación y los números podrían ser bastante mayores.
Esas viviendas turísticas empujan los precios al alza tanto de compra como de alquiler.
A finales de la semana pasada se hizo viral el caso de Sonia, una enfermera que lloraba por tener que abandonar Ibiza, una de las islas baleares. Con 1.800 euros de sueldo en 14 pagas y puesto de trabajo indefinido no alcanza a pagar el alquiler y baraja su marcha. No se trata de un caso aislado.
Los últimos datos del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, del primer trimestre de 2023, indican que solo el 16,4 % de los jóvenes (de 16 a 34 años) estaban emancipados en las Islas Baleares, si bien el porcentaje había bajado 1,1 puntos en un año.
El estudio recoge que la región tiene la segunda mayor tasa de empleo del país, la segunda menor de paro y uno de los salarios más altos. Sin embargo, también tiene el alquiler más caro de toda España, al que los jóvenes tienen que dedicar, para vivir en solitario, el 98,4 % de su sueldo.
Más allá de la vivienda
Las quejas van más allá de la vivienda, si bien su acceso es la principal preocupación de la ciudadanía. También se quejan del ruido, de la masificación para acceder a servicios, del aumento del tráfico o de conductas incívicas por parte de algunos turistas.
Todas estas cuestiones acaban teniendo daños colaterales, como la proliferación de negocios turísticos muchas veces abiertos sin las licencias oportunas o sin cumplir los requisitos necesarios en materias tan sensibles como la seguridad.
Precisamente estos días se investiga el colapso de un restaurante en Palma que la semana pasada causó cuatro muertos y 16 heridos. Se apunta a que el espacio exterior no tenía permiso ni de actividad ni de ocupación y que el sobrepeso tras unas obras estarían detrás de la tragedia.
Tasa turística y otras soluciones
Ante un problema generalizado en las regiones más turísticas del país, comienzan a barajarse algunas opciones. Una de las más nombradas es la de la implantación de una tasa turística, que de momento solo está vigente en Cataluña y Baleares, donde se abona entre 1 y 4 euros por persona y día.
En la ciudad de Valencia se prepara una batería de medidas para parar la proliferación de apartamentos turísticos y un veto a los megacruceros a aplicar a partir de 2026.
Y a nivel estatal se estudia poner en marcha un registro para contabilizar de manera fiable el número de las viviendas de uso turístico como primer paso para poder tomar medidas basándose en datos reales.
Los datos del turismo
La lucha de los residentes se choca de bruces contra la realidad de los datos económicos. En España el turismo aporta el 12,8 % del PIB de manera directa, según la asociación Exceltur, a lo que muchos expertos suman otro 8 % de forma indirecta. En total supone más de 55.000 millones de euros de saldo positivo en la balanza de pagos del país, según recoge la prensa especializada.
También es una gran fuente de generación de empleo. A finales del año pasado, los trabajadores del sector turístico superaban los 2,7 millones y suponían un 12,5 % del total, según el Ministerio de Industria y Turismo.
Sus detractores reclaman un cambio de modelo a otro más productivo, con puestos de trabajo de mayor calidad y mejor remunerados, que desligue la marcha del país de un sector que puede verse azotado por imprevistos como sucedió durante la pandemia de coronavirus. Todo ello mientras el país se encamina a un nuevo récord de visitantes, con el objetivo puesto en pasar de ser el segundo al primer receptor de turistas del mundo.