El Parlamento de Georgia levanta el veto a la ley de agentes extranjeros que desató protestas

Este martes los diputados del Parlamento de Georgia se han reunido en una sesión plenaria para examinar el veto impuesto por la presidenta Salomé Zurabishvili a la ley sobre agentes extranjeros.

Durante la votación, la mayoría de los parlamentarios se ha expresado a favor de anular la medida impuesta por Zurabishvili. De ese modo, el veto de la mandataria fue superado. "84 diputados están a favor y 4 en contra. La ley ha sido aprobada", declaró el presidente del Parlamento, Shalva Papuashvili.

La presidenta de Georgia veta la ley de agentes extranjeros que desató protestas masivas

La ley, previamente aprobada en tercera lectura el 14 de mayo, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el sitio web del Boletín Legislativo. Pero antes debe ser firmada por la presidenta de Georgia. En caso de que Zurabishvili se niegue a firmar el documento, el presidente del Parlamento tiene capacidades legales para hacerlo en su lugar.

Protestas de oposición

Antes de la votación, el diputado opositor Gueorgui Vashadze fue rociado con agua durante su discurso, en el que criticaba la ley sobre agentes extranjeros y al partido gobernante. En respuesta, el parlamentario solo dijo "¡Gracias!" y continuó su intervención.

Al mismo tiempo, manifestantes protestaron contra la nueva norma frente a la sede legislativa. Cientos de personas, con las banderas de Georgia y de la UE en sus manos, se posicionaron en contra de la anulación del veto presidencial. En las cercanías al edificio gubernamental se ha desplegado un cordón policial. 

La semana pasada, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció una "revisión integral de la cooperación bilateral" con Georgia. La Administración Biden afirmó que mantiene "la esperanza de que los dirigentes de Georgia reconsideren el proyecto de ley [sobre agentes extranjeros] y adopten medidas para avanzar en las aspiraciones democráticas y euroatlánticas de su nación".

Polémica en torno a la ley

El proyecto de ley implica garantizar la transparencia de la "influencia externa" mediante la creación de un registro de organizaciones que promueven los intereses de fuerzas externas, que incluirá a todas las organizaciones sin fines de lucro y medios de comunicación cuyas actividades estén financiadas en más del 20 % desde el exterior. La negativa de inscribirse en el registro se castigará con multas.

La controvertida iniciativa se presentó inicialmente al Parlamento georgiano en febrero de 2023, pero fue retirada el mes siguiente en medio de una ola de protestas y presiones de los países occidentales. No obstante, esta primavera el partido gobernante volvió a presentarlo ante el órgano legislativo.

La oposición criticó la propuesta y la calificó de "ley rusa", ya que acusaba al partido gobernante de haberse inspirado en una ley similar aprobada en Rusia en 2012. En respuesta, los impulsores del texto argumentaron que se inspiraron en la Ley de Registro de Agentes Extranjeros de EE.UU., aprobada en 1938 y mucho más estricta. Leyes parecidas también rigen en Hungría, Israel y Australia, entre otros países.