El Congreso de los Diputados de España aprobó este jueves la polémica ley de amnistía para los involucrados en el proceso secesionista catalán, que tuvo su punto álgido en la celebración de un referéndum de autodeterminación ilegal en octubre de 2017 y la posterior declaración de independencia unilateral.
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), del presidente Pedro Sánchez, junto a los espacios políticos que apoyaron su investidura han conseguido que la norma viera la luz verde.
La iniciativa salió adelante con el voto negativo del Partido Popular (PP), de la ultraderecha de Vox y de los dos diputados únicos de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Coalición Canaria (CC). En total, 177 votos a favor y 172 en contra.
La votación ha estado precedida de un debate agrio en el que se han escuchado descalificaciones. Desde la tribuna se llamó "filonazis" y "neofascistas" a los miembros de Vox, mientras que los abanderados del partido ultraderechista liderado po Santiago Abascal aseguraron que la ley es un "acto de corrupción política".
El debate ha sido interrumpido en varias ocasiones por los gritos, insultos y golpes en los escaños de la bancada de Vox, que ha provocado que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, haya tenido que llamar al orden en repetidas ocasiones recordando que "ser demócrata implica saber escuchar al que piensa diferente".
¿Cuál es el origen de la ley de amnistía?
La ley de amnistía fue exigida por los partidos independentistas catalanes Junts per Catalunya, del expresidente catalán Carles Puigdemont, y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), para avalar la investidura de Pedro Sánchez, el pasado mes de noviembre.
La norma tiene como objetivo amnistiar a los implicados en las movilizaciones y protestas soberanistas desde el 1 de noviembre de 2011, hasta el 13 de noviembre de 2023.
Comprende, por lo tanto, desde la consulta independentista celebrada el 9 de noviembre de 2014, hasta el referéndum de 2017, como algunas de las protestas y disturbios posteriores.
Se trata de la segunda vez que se aprueba esta ley. El pasado 14 de marzo, tuvo luz verde con 178 votos a favor y 172 en contra, pero luego pasó al Senado, donde el opositor PP, con mayoría absoluta en esa Cámara, dilató el proceso y la rechazó. Con la vuelta al Congreso, la nueva votación ya es definitiva.
Tras su aprobación, la ley debe ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su entrada en vigor y posteriormente comenzar su aplicación por parte de jueces y magistrados, que deberán evaluar los casos uno a uno, para lo que tendrán dos meses de plazo.
Por su parte, deberá dictar inmediatamente las cautelares, como la orden de detención que pesa medidas sobre Carles Puigdemont. A partir de entonces, el expresidente catalán podrá volver a España, de donde se autoexilió en 2017, sin riesgo de ser detenido.
El PP anuncia recurso ante el Tribunal Constitucional
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado esta misma mañana que su partido, el PP, presentará un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional de inmediato, algo que ya habían esbozado los Gobiernos de cinco regiones en manos populares.
Díaz Ayuso ha dicho que serán los presidentes autonómicos quienes "darán esta batalla", sosteniendo que los motivos son "la defensa de la igualdad de todos los españoles, la seguridad jurídica y muy especialmente la defensa del Estado de derecho", en declaraciones a EsRadio.