El Gobierno argentino echó este jueves a un funcionario del Ministerio de Capital Humano, luego de ser denunciada la retención de alimentos destinados a comedores populares en dos depósitos de la cartera.
El secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo De la Torre, confirmó su salida a través de un mensaje de despedida en su cuenta de la red social X.
"Fue un honor ser parte del Gobierno Nacional durante estos meses. Seguiré trabajando por nuestra Patria desde el lugar que me toque", escribió el ahora exfuncionario de la gestión libertaria.
"Pido a Dios que ilumine al presidente Milei en la enorme tarea que es sacar a este país adelante", añadió.
Mal desempeño
El propio ministerio se refirió al tema mediante un comunicado oficial, reconociendo que se cometieron errores con la retención de 5.000 toneladas de alimentos que se estaban echando a perder, en un país donde al menos la mitad de la población está en pobreza y muchos dependen de los comedores comunitarios para suplir su ingesta diaria.
"El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, informa que a raíz de una información recibida sobre el estado y fechas de vencimiento de determinados productos adquiridos por el gobierno anterior (los cuales se encuentran en los galpones de Villa Martelli y de Tafí Viejo, en la provincia de Tucumán, del ex Ministerio de Desarrollo Social), ha llevado a cabo una auditoría y ha decidido limitar las competencias de los funcionarios y empleados responsables que, por mal desempeño de sus tareas, no han realizado un control permanente de 'stock' y de vencimiento de mercadería", indica el texto.
El órgano de Gobierno señaló además que iniciará "las investigaciones administrativas correspondientes", al tiempo que pondrá en marcha un protocolo para la "entrega inmediata de los alimentos de próximo vencimiento por medio del Ejército Argentino, para garantizar una logística rápida y eficiente".
El lunes, la Justicia intimó al Poder Ejecutivo a repartir la mercadería que se encuentra almacenada, mientras los comedores sociales denuncian faltantes de productos en medio de una creciente demanda que refleja el aumento de la pobreza y la recesión económica.
En su resolución, el juez federal Sebastián Casanello le dio 72 horas al ministerio que dirige Pettovello para informar acerca de la cantidad de productos alimenticios que están guardados en inmuebles de la cartera. Ese lapso se cumplió este jueves, y aunque el Gobierno dijo que apelaría la decisión judicial, se ha comprometido en las últimas horas a distribuir la comida en cuestión.