En Colombia aumenta la preocupación por los delitos graves contra niños y adolescentes. Según las cifras de la Policía, de los casos de explotación sexual registrados el año pasado, un 80 % de las víctimas son niñas y niños. Asimismo, casi un 60 % del total de los exámenes médico-legales por presunto abuso sexual fueron practicados a menores de 17 años.
Al mismo tiempo en Colombia se agudiza el problema del llamado 'turismo sexual'. La noticia de un hombre estadounidense ingresando a un hotel en la ciudad colombiana de Medellín con dos menores de edad hace algunos meses se viralizó rápidamente develando una poderosa red de trata de personas al servicio de ciudadanos extranjeros, principalmente norteamericanos y europeos.
Este caso representa un ejemplo de 'turismo sexual', en donde los niños, niñas y adolescentes del país que acoge a visitantes extranjeros se convierten en sujetos de explotación y múltiples abusos. Este mal ha sido un problema para Colombia desde hace muchos años.
"Saben, pero no hacen nada"
Una víctima de explotación sexual en Bogotá, identificada como Lucía, cree que todos, incluso la Policía, están al tanto del problema, pero no toman medidas. "Saben qué existe [la explotación sexual] porque eso está desde hace mucho tiempo, pero no hacen nada, o sea son muy pocas las personas que quieren ayudar a las niñas o quieren informar. La Policía sabe que explotan, pero pues tampoco es que hagan mucho, hacen sus rondas, pero no hacen nada. La gente, todo el mundo sabe, todo el mundo sabe porque eso no es una cosa que salió ayer por decirlo así", denunció.
Tras ser preguntada por RT sobre si cree que hay una posibilidad de encontrar justicia, Lucía respondió que no, afirmando que "siempre va a haber un 'usted se lo buscó', como que 'entonces que hacía por allá si sabía que le iba a pasar eso'". La víctima aseveró que las personas no toman en serio este problema, pensando que "como ya tiene 14, 15 años, sabe lo que hace" y no tomando en cuenta que "uno tiene una necesidad y esas personas se aprovechan de eso".
"Esto no puede seguir pasando"
Lucía sufrió abusos desde sus 14 años en la zona de tolerancia de la capital colombiana, lugar que por años ha cobijado múltiples delitos, entre ellos la explotación sexual de menores de edad. "En Bogotá ocurre, pero ocurre de una forma no visible, entonces, hablamos del barrio Santa Fe, pero normalmente uno no entra en el barrio Santa Fe, mientras que en Medellín uno se pasa por [la comuna de] el Poblado. Entonces ese es el reto y es: ¿cómo hacemos para reconocer cómo se presenta este delito en diversas zonas y de verdad generar estrategias para prevenir y erradicar?", explicó el problema Danitza Marentes, subdirectora de Valientes Colombia, una ONG que lucha contra el tráfico de niñas, niños y adolescentes con fines de explotación sexual.
Al mismo tiempo, la defensora del pueblo de Antioquia, Yuseli Rincón, llamó a realizar acciones que detengan la explotación sexual en Colombia. "Esto no puede seguir pasando. Es un llamado desde la Defensoría del Pueblo a toda la institucionalidad, y en especial a la Fuerza Pública y a la Fiscalía General de la Nación, a dar con los grupos de inteligencia de la Fuerza Pública en la captura, y no solamente del victimario que utiliza al menor para sus fines sexuales, sino también a esas estructuras criminales que están en la ciudad de Medellín y que muchas de ellas están detrás de estos actos", sostuvo.
Un informe la Fiscalía revela que en Bogotá se han registrado 2.924 casos de explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes desde 2016. Mientras tanto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) recibió en tres años 1.264 casos de esta misma población en busca del restablecimiento de derechos, por motivo de trata de personas con fines de explotación sexual y/o víctimas de violencia sexual.
El poder de estas estructuras criminales se extienden por todo el país y ha afectado en un 78 % a niñas y en un 16 % a niños, entre los 14 y 17 años principalmente, reportó el Observatorio de Explotación Sexual Comercial de niñas, niños y adolescente. Y pese a las denuncias, la ausencia de garantías y la estigmatización agravan la situación, manteniendo en vulnerabilidad a los menores que todavía son víctimas de estas redes de explotación y aún más a quienes sobrevivieron e intentan buscar justicia.