España está viviendo una situación inédita con la imputación de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Se trata de la primera vez que un cónyuge del jefe del Ejecutivo del país se ve envuelto en un procedimiento penal.
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Sánchez, así como las formaciones políticas afines, denuncian una campaña de acoso liderada por medios de comunicación, partidos políticos y organizaciones de extrema derecha, planteando la existencia de 'lawfare' y cuestionando la actuación de algunos jueces.
Por su parte, la oposición pide la dimisión del mandatario y plantea que las actividades profesionales de su esposa podrían ser constitutivas de delitos de corrupción y que, de no ser así, tampoco serían éticas.
¿De dónde viene la denuncia?
La denuncia fue presentada por el colectivo Manos Limpias. Se trata de una organización de ideología ultraderechista fundada en 1995 que se hizo popular por sus denuncias, como una presentada contra una serie infantil por presentar una familia homoparental u otra contra un guardia civil que solicitó convivir en una casa cuartel con su compañero sentimental.
El escrito contra Begoña Gómez presentado en el juzgado se basaba en ocho artículos periodísticos publicados por distintos medios. Uno de ellos se demostró falso inmediatamente después. Se refería a una subvención recibida por la esposa de Sánchez, pero se demostró que en realidad se trataba de otra ciudadana con el mismo nombre.
Los otros artículos versaban sobre las actividades profesionales de Gómez y sugerían que había cometido tráfico de influencias con varias compañías que recibieron ayudas o consiguieron contratos públicos.
Los partidarios de Sánchez insisten que la apertura de diligencias por parte del juez Juan Carlos Peinado contradice la doctrina del Tribunal Supremo, que había establecido que no se podía admitir a trámite una denuncia basada simplemente en recortes de prensa sin presentar pruebas.
¿Qué se investiga?
Los hechos por los que se abrieron diligencias inicialmente son dos por los que Manos Limpias acusa a Gómez de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
El primero de ellos está relacionado con unas ayudas públicas otorgadas a la aerolínea Air Europa en la época de la pandemia de coronavirus, cuando fue rescatada por el Gobierno a través de 475 millones de euros en dos préstamos. La esposa de Sánchez se reunió en varias ocasiones con un enviado de uno de los propietarios de la compañía, Javier Hidalgo, mientras que Globalia, propietaria de la aerolínea, firmó un patrocinio con la empresa para la que trabajaba Gómez de 40.000 euros al año.
El segundo caso tiene que ver con la firma de Begoña Gómez de una declaración de interés para una empresa que posteriormente ganó varios concursos públicos. En este caso, la empresa, Innova Next, había presentado 30 cartas iguales, pues se trataba de un modelo estándar, firmadas por otras tantas personalidades y entidades, incluido el Ayuntamiento de Madrid, en manos del Partido Popular (PP), principal formación de la oposición.
En este contexto, el juez Peinado encargó un informe a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que descartó que hubiera ningún indicio de delito.
A finales de mayo, la Audiencia Provincial de Madrid limitó el alcance de la investigación de Peinado, sosteniendo que alguna de las acusaciones eran absolutamente inverosímiles y acotando el proceso a las ayudas recibidas por Innova Next.
¿Por qué la citan a declarar ahora?
Hasta este martes había dudas sobre la condición procesal de Begoña Gómez. El juez había abierto diligencias previas para hacer investigaciones sobre los hechos denunciados, pero no le había imputado ningún delito ni la había llamado a declarar.
Sin embargo, la situación se clarificó la pasada jornada. El juez emitió un escrito en el la califica de "investigada", término actualmente utilizado para la figura antes conocida como "imputada", y la cita a declarar el próximo 5 de julio.
¿Qué dice Sánchez?
Pedro Sánchez ha ahondado su relación epistolar con la ciudadanía que comenzó el pasado 24 de abril, cuando publicó una carta en sus redes sociales en la que sostenía que él y su mujer estaban siendo víctimas de una campaña de acoso y derribo por parte de la ultraderecha y que se estaba planteando su continuidad en el cargo.
Esa carta se publicó el mismo día que el juez acordó la apertura de diligencias contra su esposa, mientras que ayer, tras conocerse su citación para declarar, Sánchez hizo pública una nueva misiva.
En esta ocasión, afirmó que es "extraño" que la citación llegase cinco días antes de las elecciones al Europarlamento, eludiendo "la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar al desarrollo normal de una campaña electoral". Aseguró sentirse tranquilo y sostuvo que detrás de esa acusación hay "solo un zafio montaje impulsado por la asociación ultraderechista demandante".
¿Qué dice la oposición?
Desde la oposición se ha vuelto a cargar contra Sánchez, tanto por la imputación de su mujer como por la nueva misiva, y se ha exigido su dimisión.
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha calificado este miércoles la actuación de Sánchez de "populismo puro y duro" y a la situación de "no tener precedentes", lo que a su juicio "exige responsabilidades políticas".
"Esa carta es tan falsa como la primera que remitió, donde ocultaba que ya sabía que su mujer estaba siendo investigada en un juzgado. Cuando el Estado de derecho actúa, él [Sánchez] considera que es una persecución, y no, esto es la democracia", refirió Gamarra en un programa televisivo de Antena 3.
La política 'popular' anunció asimismo que presentará una denuncia ante la Junta Electoral Central por la utilización del Consejo de Ministros en plena campaña electoral, refiriéndose a la defensa de Sánchez y su esposa que realizó la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de este martes.
Además, el PP ya ha anunciado en varias ocasiones que está dispuesto a citar a Pedro Sánchez para que comparezca en el Senado en el marco de una comisión de investigación abierta para indagar sobre irregularidades en los contratos que la administración firmó en la época de la pandemia. Aún no se sabe si también citará a Gómez.
¿Responsabilidades políticas?
Este caso ha abierto el melón tanto sobre la presunción de inocencia como sobre las responsabilidades políticas que debería asumir un cargo público en el caso de que su pareja resulte salpicada por procesos judiciales.
Además, se ha desarrollado en paralelo al que afecta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del PP, cuyo novio, Alberto González Amador, está siendo investigado por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsificación documental, por pagar 350.000 euros menos de impuestos en dos ejercicios fiscales. González Amador admitió, a través de su abogado, la comisión de los dos delitos fiscales en un intento de llegar a un acuerdo con la Fiscalía.
Desde el PSOE se llegó a pedir la dimisión de Díaz Ayuso como forma de asumir las responsabilidades políticas por las acciones de su pareja, algo que desde el PP se negó rotundamente, alegando que se trataba de un particular y que sus actividades nada tenían que ver con la presidenta madrileña.
Ahora, con las tornas cambiadas, es el PP quien pide esas mismas responsabilidades al presidente del Gobierno por las actividades de su pareja, y son los socialistas los que lo niegan. Sin bien, en el caso de Begoña Gómez, aseguran que la causa será finalmente archivada, alegando que no se cometió ningún delito.