El Despacho presidencial de Perú ha destinado, en lo que va de 2024, 771.000 soles (unos 205.500 dólares) al pago de honorarios de abogados defensores en causas contra la presidenta Dina Boluarte y ex altos funcionarios, recoge La República, que cita datos del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).
La lista incluye a los expresidentes Ollanta Humala y Alejandro Toledo, sindicados por corrupción, así como a Luis Nava, exsecretario del Palacio de Gobierno durante el segundo gobierno de Alan García, sobre quien pesan acusaciones por lavado de activos vinculados al escándalo Odebrecht.
En el caso de Boluarte, hay constancia de que el Estado está asumiendo los honorarios del abogado Joseph Campos (cercanos a los 48.000 dólares) en la investigación que pesa en su contra por genocidio. Adicionalmente, La República apunta que el letrado Juan Carlos Portugal, quien asumió como defensor de la mandataria en la causa Rolex, también ha ejercido como defensor de Nava.
Dentro de la ley
El medio explica que estas erogaciones son posibles gracias a la Ley Servir, promulgada en 2013, durante la gestión de Humala, en la que se estipula que el Estado peruano debe sufragar los gastos de defensa y asesoría legal de personas que sirven o sirvieron en cargos públicos, si el proceso que se les sigue está asociado al ejercicio de sus funciones.
Según información arrojada por el SEACE, el pasado 1 de abril se aprobó el pago de 291.000 soles (77.615 dólares) para la contratación del abogado Edinson Huamán Chacón, que brinda asesoría legal a Humala en el marco de las acusaciones que se le formularon por el caso Odebrecht.
En la misma fecha, la Oficina de Abastecimiento del Despacho Presidencial aprobó contratar a José Su Rivadeneyra por 100.000 soles (26.672 dólares) para que ejerza como defensor de Toledo, al que se imputó por presuntamente haber recibido dinero de la constructora brasileña.