El Gobierno de Venezuela alertó este jueves que el mundo enfrenta el surgimiento de "una nueva generación" de medidas coercitivas extraterritoriales unilaterales que son "mucho más crueles y destructivas".
Así lo expresó el canciller venezolano, Yván Gil, durante la 89 reunión plenaria de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde señaló que "las mal llamadas sanciones" son medidas "ilegales" que se han convertido en "un problema mundial que requiere una solución global".
"Hoy estamos ante una nueva generación de estas medidas ilegales que ahora son mucho más crueles y destructivas como nunca antes. Se trata de una nueva generación de las mal llamadas 'sanciones', que utilizan el dolor y sufrimiento de pueblos enteros para avanzar en agendas intervencionistas y de desestabilización", advirtió Gil.
El diplomático venezolano agregó que estas políticas extraterritoriales también se traducen en "el mayor obstáculo" para que los países —a los que pretenden fracturar con estos regímenes— puedan aplicar sus planes de desarrollo. Esto se debe, añadió, a que las medidas coercitivas son empleadas como "armas" para ejercer "presión, explotación y sometimiento" contra "naciones soberanas e independientes".
Gil indicó que ha quedado claro que estas medidas también ponen en peligro "la vida y el bienestar de los pueblos", además de obstaculizar la cooperación internacional entre países y limitar la capacidad de los Estados para acceder y adquirir inversiones, tecnología extranjera, así como bienes y servicios necesarios para abordar desafíos, incluso, para atender temas ambientales.
El canciller comentó que sólo en el caso de Venezuela, la aplicación de estas medidas han generado pérdidas multimillonarias que hasta el 2022 causaron un daño patrimonial de 242.000 millones de dólares. Además, la industria petrolera fue afectada al dejar de producir 3.393 millones de barriles, equivalentes a 232.000 millones de dólares.
"La pérdida causada a Venezuela fue superior a las reservas internacionales de todos los 11 países restantes de América del Sur", dijo Gil, quien advirtió que a este daño hay que sumarle la confiscación de bienes, fondos en el extranjero, bloqueos comerciales a empresas, entre otras acciones de "neocolonización económica".
Por ello, el diplomático instó a la Asamblea de la ONU a "poner fin de forma completa e inmediata a todas estas ilegales medidas", que sólo generan "efectos perjudiciales", "obstaculizan el desarrollo y perpetúan la pobreza en todo el mundo".
"Son meras herramientas de dominación neoliberal (...) que están destinadas al fracaso a medida que los pueblos del mundo se levantan", expresó el canciller venezolano, quien además señaló que los países que aplican estas políticas violatorias de los derechos humanos, buscan robar y quedarse con las riquezas de los países en desarrollo que ahora apuesta a un mundo multipolar más justo.
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