Con 86 votos a favor y 32 en contra, la Cámara de Representantes del Congreso de Colombia acogió este viernes el proyecto de ley de reforma pensional que aprobara en abril pasado el Senado de la República, lo que implica un éxito legislativo para el Gobierno liderado por el presidente Gustavo Petro.
La iniciativa salió adelante gracias a un acuerdo entre el gobernante Pacto Histórico y algunos legisladores de los partidos Comunes, Verde, Liberal, Conservador y de la U, aunque con la protesta de un sector de la oposición, particularmente la aglutinada en la formación Centro Democrático.
"Esta es la principal conquista social del pueblo trabajador de Colombia en mucho tiempo", escribió Petro en su cuenta de X. "Es un hecho histórico y se hizo con el Congreso de la República. La posibilidad de un gran acuerdo nacional revive", agregó.
En el calor de la discusión, algunos parlamentarios optaron por abandonar el recinto, en interés de romper el cuórum reglamentario e impedir que la reforma saliera adelante "sin el debido debate", precisa El Tiempo.
El texto se aprobó en un único bloque de 95 artículos en una cuarta jornada, tras la presentación –y refutación– de numerosos impedimentos, la falta de avances en la discusión y la premura por obtener un resultado, pues la reforma corría el riesgo de hundirse si no era votada favorablemente antes del venidero 20 de junio.
La víspera, la oposición propuso archivar el proyecto, pero la iniciativa solo obtuvo dos votos a favor versus 93 en contra. Además, se acordó la discusión íntegra de la propuesta gubernamental con 103 apoyos.
¿Qué implica?
La ley, que entrará en vigor en julio de 2025, contempla, entre otros aspectos, el establecimiento de un umbral de cotización en el ente de pensiones del Estado (Colpensiones) de dos salarios mínimos y la creación de un fondo de administración de pensiones gestionado por el Banco de la República.
En el presente, el país suramericano dispone de dos sistemas de pensiones. En el primero, las cotizaciones van a parar a un fondo público y el monto de la pensión se calcula como un promedio de los últimos años de aportes, lo que obliga al Estado a subsidiar parte del monto; en el segundo, el interesado coloca sus ahorros en un fondo privado y su pensión se calcula a partir del monto ahorrado.
Bajo el nuevo régimen, la ciudadanía deberá aportar al fondo público hasta alcanzar un tope, tras lo cual las personas tendrán la libertad de enviar sus ahorros a un fondo privado.