El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que la inflación en Argentina se aproximará al 4 % mensual y promediará 140 % interanual al cierre de 2024, con un escenario de disminución sostenida en el mediano plazo, aunque el programa de ajuste implementado por el Gobierno del presidente Javier Milei podría enfrentar obstáculos si no se aprueban las reformas en el Congreso, recoge el más reciente informe del organismo publicado este lunes.
"La implementación decisiva del plan de estabilización –centrado en un fuerte ancla fiscal sin nuevo financiamiento monetario y correcciones de precios relativos– ha llevado a superávits fiscales y externos gemelos, un marcado vuelco en las reservas, una desaceleración de la inflación más rápida de lo esperado, un refuerzo del balance del BCRA (Banco Central de la República Argentina) y una reducción de los diferenciales soberanos a mínimos de varios años", argumenta el organismo, al referir las aparentes bondades del programa económico de la administración libertaria.
Sin embargo, advierte que pese a la reducción de la inflación, la producción se contraerá "alrededor de un 3,5 % en 2024" –la previsión anterior cifraba la caída en torno al 2,75 %–, aunque sujeta a un esperado "cambio de rumbo de la actividad durante la segunda mitad de este año, a medida que se alivien los obstáculos de la consolidación fiscal, los salarios reales comiencen a recuperarse y la inversión se reduzca gradualmente".
En manos del Congreso
El FMI asegura que "para sostener el fuerte progreso inicial es necesario mejorar la calidad del ajuste fiscal, tomar medidas iniciales hacia un marco de política monetaria y cambiaria mejorada, implementar la agenda estructural y asegurar garantías financieras".
En la práctica, esto significa que el Ejecutivo tendrá que esforzarse "para asegurar la aprobación del Congreso de legislación fiscal y estructural clave, ya aprobada por la cámara baja, así como una formulación ágil de políticas, si se materializan los riesgos externos y de implementación", sostiene el FMI.
Para el ente financiero, en esta ecuación cobra especial importancia que el Congreso le dé el visto bueno al paquete fiscal, pues "abarca una reforma del impuesto sobre la renta personal, una amnistía fiscal, una mejora de los impuestos sobre los activos personales y los impuestos especiales sobre el tabaco", y respaldará y mejorará la calidad de los esfuerzos de "consolidación" del superávit primario, que este 2024 alcanzará el 1,7 % del PIB.
"Mayores retrasos en la obtención de la aprobación del Congreso de los paquetes fiscal y estructural también podrían obstaculizar los esfuerzos de estabilización y requerirían que se tomen fuertes medidas compensatorias bajo el control del Ejecutivo, según sea necesario, para asegurar todos los objetivos del programa", consideró el organismo.
Del lado de la oferta, el FMI prevé que "las autoridades seguirán corrigiendo los desajustes de precios relativos y creando una economía más orientada al mercado" con la aprobación de la 'Ley de Bases'.
Bajo el punto de vista del Fondo, este instrumento debería apuntalar "la recuperación" e impulsar "la productividad" por medio de "(i) una mayor flexibilidad del mercado laboral; (ii) mejoras en el marco legal e incentivos adecuadamente diseñados para grandes inversiones a largo plazo en hidrocarburos y otros sectores estratégicos; (iii) reducción de la participación estatal en la economía; y (iv) eliminación de barreras de entrada y políticas para salvaguardar la competencia".
Conflicto latente
Empero, si el Legislativo echara abajo estas iniciativas legislativas o si retrasara la mitigación de los efectos del programa de ajuste, el Gobierno argentino podría enfrentar desafíos a nivel social.
A este respecto desde el FMI alertaron que se "deben continuar los esfuerzos para garantizar una distribución adecuada de la carga y generar consenso para la reforma, dado el frágil panorama social y político". Del mismo modo, se estima que "las condiciones externas podrían volverse menos favorables y la recesión actual podría prolongarse, alimentando tensiones sociales y complicando la implementación de programas".
Datos recientes apuntan hacia la pérdida creciente de puestos de trabajo por causa del ajuste gubernamental. A inicios de junio, Milei aseguró que unas 25.000 personas habían sido echadas de sus puestos en la administración pública y que 50.000 más se quedarán cesantes en el futuro cercano.
A los despidos masivos se suma una creciente pobreza –calculada por el Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica de Argentina en 55,5 % entre mayo y diciembre–, la paralización de la obra pública, la devaluación masiva de la moneda local y salarios por debajo de la inflación acumulada. Según los críticos, estas son las causas reales del éxito del ajuste macroeconómico y no la eficacia del plan en sí.