Supremo de España archiva denuncia contra Ayuso por muertes de ancianos en pandemia

La Sala Penal del Tribunal Supremo de España decidió inadmitir este jueves una denuncia presentada en contra de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por las muertes registradas en las residencias de personas mayores de la región durante la pandemia del covid-19.

La demanda fue interpuesta por un particular, que acusaba a la funcionaria de "homicidio imprudente, omisión del deber de socorro, derecho a tratamiento médico y delito de prevaricación con la agravante de premeditación", en relación con el fallecimiento de 7.291 personas en las residencias de mayores durante la emergencia sanitaria, indicó el Tribunal.

La alta corte señaló que la denuncia no avanza "al estar planteada en unos términos genéricos e indeterminados", así como al requerirse, en sede penal, "vincular el fallecimiento de concretas personas con concretas medidas o decisiones adoptadas por la persona denunciada", algo que no se precisa en la demanda.

"No disponemos, ni la denuncia los proporciona, datos precisos para concluir en qué medida los criterios de derivación hospitalaria que en la denuncia se denominan 'protocolos de la vergüenza' fueron acertados y rigurosos médicamente en función de la situación epidemiológica y hospitalaria de cada momento", dice el Supremo.

Añade que también desconocen "cuál fue el verdadero grado de cumplimiento de esos protocolos o de qué concretos pacientes pudieron fallecer por su aplicación".

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Además, el Tribunal menciona que una eventual atribución de responsabilidad penal "exigiría apreciar con nitidez la existencia de una relación de causalidad concreta y precisa entre los fallecimientos y enfermedades producidos y las medidas adoptadas o las no adoptadas pero que debieron serlo".

"El eventual archivo del procedimiento ni es un aval a las políticas sanitarias que se aplicaron en relación con las residencias de personas mayores, ni lo contrario", aclara la Corte.

El Tribunal recuerda que existen numerosas denuncias presentadas ante la Fiscalía y los Juzgados de Instrucción de la Comunidad de Madrid por estos mismos hechos, pero con relación a residencias y personas concretas, como se indica en la propia demanda.

"Es en esos procedimientos en los que puede esclarecer lo ocurrido, determinando qué fallecimientos pudieron estar asociados a decisiones políticas, administrativas o de gestión y cómo, por quién y de qué manera se tomaban las decisiones de no derivación hospitalaria", enfatiza.