Un juez imputa a Puigdemont el delito de alta traición

El titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha abierto una nueva causa relacionada con la denominada 'trama rusa' del 'procés', en la que ha imputado al expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, por los delitos de malversación de fondos públicos y alta traición, este último un ilícito que se encuentra excluido de la recientemente aprobada ley de amnistía que cubre los delitos relacionados con el proceso secesionista catalán.

A pesar de que la Audiencia de Barcelona ordenó a Aguirre que archivara la investigación y anuló las diligencias practicadas a partir de 2023, el instructor, en un auto al que ha tenido acceso La Vanguardia, informa de que ha abierto esta investigación a partir de una de las piezas de la macrocausa Volhov, conocida como Catmón.

En esa causa se investigaba el supuesto desvío de fondos de subvenciones a entidades afines a Convergència Democràtica de Catalunya, el partido que después daría origen a Junts per Catalunya, la actual formación de Puigdemont.

En su escrito, el magistrado justifica que ha tenido que buscar un hueco para poder continuar con la investigación tras el dictamen de la Audiencia: "Por razones de equidad y justicia, así como por las de importancia histórica para la Unión Europea, este magistrado se vio obligado a pensar una solución alternativa a las objeciones técnico-procesales planteadas por la Audiencia de Barcelona", dice en el auto.

Además de a Puigdemont, el instructor imputa a más de media docena más de personas, entre las que se incluye el abogado del expresidente catalán, Gonzalo Boye, quien ha reaccionado a través de sus redes sociales acusando a Aguirre de prevaricar.

"Indicios más que suficientes" para abrir la causa

En el auto, de 58 páginas, el magistrado repasa la evolución histórica de los conflictos militares y de la tecnología bélica que ha dado lugar a "la guerra de nueva generación o guerra híbrida" y sostiene la necesidad de hacer una reinterpretación de los requisitos que definen el delito de alta traición, debido a que "la evolución tecnológica respecto al armamento empleado en la guerra y la forma en que la guerra misma se ejecuta los han convertido en obsoletos".

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Aguirre defiende que Puigdemont pudo cometer el delito de alta traición porque hubo "concertación de una potencia extranjera para favorecer la secesión de una parte del territorio español" y que "queda indiciariamente acreditado que se han utilizado elementos de guerra híbrida".

El juez considera que hay indicios que justifican la apertura de la nueva pieza, con el objeto de investigar "las conexiones relacionadas con el Gobierno ruso, los viajes y encuentros de Puigdemont y sus colaboradores", sosteniendo que "habrían facilitado la infiltración de personas de origen ruso en territorio español con el objetivo de influir en las estructuras financieras y en la realización de actividades de desinformación, desestabilización y alteración de la paz social".

La ley de amnistía fue aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 30 de mayo y entró en vigor el 11 de junio. A partir de entonces, los jueces tienen un plazo de dos meses para aplicarla de manera individualizada. En el caso de Puigdemont -expatriado desde 2017 y sobre el que pesa una orden de detención nacional-, su situación se podría complicar, puesto que el de alta traición es uno de los delitos no amnistiables.