Este lunes se ha producido un nuevo capítulo del periplo judicial de Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Cuando todo estaba listo para que se cerrara en sede judicial el acuerdo que había alcanzado González Amador con la Fiscalía para eludir su ingreso en prisión, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Más Madrid, partidos políticos personados como acusación popular, presentaron un escrito, aceptado por la jueza, solicitando la ampliación de la investigación a otros cuatro delitos.
El acuerdo que quedó en suspenso aceptaba la comisión de dos delitos de fraude fiscal y haberse servido de una trama de facturas falsas para su ejecución, a cambio de una pena de ocho meses de prisión (lo que permite al juez suspender la condena al no llegar a los dos años) y el pago de una sanción económica del 40 % de la cuota defraudada, según desveló Ok Diario.
Así, González Amador había acordado pagar 60.000 euros por defraudar 155.000 euros en el ejercicio de 2021 y 78.38.,56 euros por defraudar 195.951,41 euros en 2022. A esas cifras debían sumarse los 350.951 euros defraudados y 2.493,10 euros en concepto de intereses. En total 491.824 euros.
Además, la pareja de la presidenta madrileña también aceptó la pena de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de duración de la condena y la pérdida del derecho a beneficiarse de ayudas o subvenciones públicas, así como de beneficios o incentivos fiscales, durante 18 meses.
El acuerdo también recogía la condena de otras dos personas consideradas cooperadores necesarios para la elaboración de las facturas falsas: el mexicano Maximiliano Eduardo Niederer, condenado a tres meses y 15 días de prisión y a una multa de 122.832 euros; y el sevillano David Herrera Lobato, con una condena de dos meses y 15 días de cárcel y 29.392 euros de multa.
González Amador había buscado un acuerdo al menos desde principios de febrero, antes de que su caso se judicializara. El día 2 de ese mes, su abogado remitió un correo electrónico al fiscal admitiendo la comisión de dos delitos fiscales y proponiendo un pacto.
¿Qué dice el escrito de PSOE y Más Madrid?
El escrito de 53 páginas presentado por PSOE y Más Madrid tras acceder al sumario aprecia que se pueden haber cometido otros delitos: administración desleal, falsedad contable, corrupción en los negocios y delito contable, según recoge El Diario Vasco.
Asimismo, considera que la Fiscalía tendría que haber considerado el tipo agravado de fraude fiscal por "la concurrencia de la existencia de una organización y la utilización de toda una ingeniería contable, mediante la utilización de personas jurídicas o físicas interpuestas, algunas de ellas radicadas en el extranjero, para cometer los delitos".
El escrito también reclama que se lleve a cabo una batería de diligencias sobre las actividades económicas de González Amador. Entre otros asuntos, en el punto de mira está un pago de 500.000 euros a un directivo del grupo Quirón en diciembre de 2020.
Ese grupo especializado en servicios sanitarios es el mayor contratista privado de este sector de la Comunidad de Madrid, dirigida por la novia del acusado.
¿Un particular o un caso político?
La trascendencia de este caso en España saltó del plano personal al político cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid comenzó a defender a su pareja en comparecencias públicas oficiales, en alguna de las cuales mintió sobre la situación procesal de González Amador.
Asimismo, se desató la polémica después de que el jefe de Gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, filtrara información sesgada a los medios de comunicación, dando a entender que había sido la Fiscalía quien había propuesto el acuerdo (lo que provocó un comunicado de la Fiscalía), amenazara a medios de comunicación que estaban indagando sobre los negocios de González Amador, y difundiera bulos que involucraban a periodistas de medios que no consideraba afines.
Así, después de que trascendiera la confesión de los delitos fiscales por parte de su pareja, también se ha puesto en tela de juicio que la política madrileña comparta piso, en un barrio privilegiado de Madrid, y disfrute de un coche de alta gama que podrían haber sido adquiridos por su pareja con dinero proveniente de defraudar impuestos, unos impuestos que ella es la encargada de gestionar en la Comunidad de Madrid.
El nexo con Quirón Salud también sobrevuela toda la causa y desde los partidos políticos de la oposición madrileña se ha cuestionado abiertamente esa relación.