¿Qué pena le espera a Juan José Zúñiga, cabeza del intento de golpe de Estado en Bolivia?

El general enfrenta cargos por los delitos de "alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado", "seducción de tropas" y "atentados contra el presidente y otros dignatarios de Estado".

El general Juan José Zúñiga Macías, quien encabezó el intento de golpe de Estado en Bolivia, fue detenido tras el inicio de un proceso penal en su contra, y enfrentará graves consecuencias legales y disciplinarias según el Código Penal boliviano.

La Procuraduría General del Estado comunicó que, en el marco de la causa penal contra el general y "otros, quienes protagonizaron un intento fallido de golpe de Estado y subversión del orden constitucional imperante", exigirá "celeridad, impulso procesal, eficacia y resultados durante la investigación, esclarecimiento y sanción ejemplar de los delitos perpetrados".

De acuerdo con la Procuraduría, a Zúñiga se le imputan los siguientes delitos: 

Según la ley, "los que se alzaren en armas con el fin de cambiar la Constitución Política o la forma de gobierno establecida en ella" serán sancionados con privación de libertad de 5 a 15 años.

Por su parte, "los que organizaren o integraren grupos armados irregulares, urbanos o rurales, bajo influencia interna o externa, para promover enfrentamientos armados con fuerzas regulares o de seguridad pública", serán sancionados con la pena de 15 a 30 años de presidio.

"El que sedujere tropas o usurpare el mando de ellas o retuviere ilegalmente un mando político o militar, para cometer una rebelión o una sedición, será sancionado con la mitad de la pena correspondiente al delito que trataba de perpetrar", reza el artículo.

En el caso de atentar contra la vida o seguridad del presidente, vicepresidente, ministros de Estado y presidente del Congreso Nacional, está prevista la pena de 5 a 10 años de privación de libertad.

Además, en el ámbito militar, los involucrados en el intento de golpe de Estado pueden enfrentar procedimientos disciplinarios severos, como destitución o expulsión de las Fuerzas Armadas.

Lo mismo se aplica a los oficiales que lideraron, participaron o apoyaron de cualquier manera la acción. También pueden ser inhabilitados para ejercer cargos públicos o políticos en el futuro.