El Gobierno mexicano solicitó a la Organización de Naciones Unidas (ONU) que "ponga atención al tráfico internacional de armas de fuego, para que las armadoras paren en su acción de fortalecer a los grupos delictivos", según expresó este jueves la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.
"Igual que Naciones Unidas, los mexicanos y mexicanas tenemos un compromiso con la pacificación y que paren los ataques con los grupos criminales, pero eso no será posible mientras la industria armamentística siga otorgando de manera ilícita armas de fuego de alto poder a organizaciones criminales mexicanas a cambio de dinero", dijo la funcionaria en un encuentro de jefes de Policía organizado por la ONU.
Rodríguez denunció que mientras su país enfrenta "a los cárteles de las drogas […], por debajo de la mesa, en otras partes, se les ayuda a potenciar su acción violenta". "No queremos que nuestro país siga poniendo los muertos, queremos familias felices", indicó.
Desde su perspectiva, el país norteamericano "tiene toda la capacidad política, inteligencia operativa y presencia de seguridad para actuar contra los criminales, pero no es correcto que la economía de las fábricas armadoras esté por encima de la seguridad".
"También nos preocupan las muertes por armas de fuego en nuestro territorio. Por eso es necesario que, así como se hizo con el desarme nuclear, los Estados integrantes de la ONU pongan atención para que cese el tráfico internacional de armas de fuego hacia los grupos delictivos", completó.
Demandas a EE.UU.
Las reclamaciones mexicanas se inscriben dentro de una política de Estado orientada a denunciar el rol de los fabricantes de armas estadounidenses en los engranajes de los cárteles de narcotráfico, pedir acciones concretas de Washington para frenar el flagelo y obtener indemnizaciones.
En enero pasado, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de EE.UU. dictó sentencia a favor de México en una demanda civil contra empresas armamentísticas introducida en 2021, con lo que quedó sin efecto un fallo de la Corte de Distrito de Boston, que había desestimado la demanda con base en la Ley de Protección al Comercio Legal de Armas.
La querella alcanza a 11 fabricantes a los que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador sindicó de promover prácticas comerciales "negligentes e ilícitas", que posibilitan el tráfico ilegal de armamento y contribuyen a expandir la violencia.
Según datos oficiales, cada año se trafican unas 200.000 armas desde EE.UU. a México que van a parar en manos de los grupos de delincuencia organizada. De estas, "más de la mitad se originan en Texas y terminan en manos del crimen organizado, disparando los índices de violencia, feminicidios y ataques en contra de" las Fuerzas Armadas, se lee en un reporte de 2021.
De su parte, López Obrador aseguró en febrero pasado que 70 % del armamento que se utiliza en México para perpetrar delitos es de procedencia estadounidense.