El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, emitió este martes el Decreto Ejecutivo 318, mediante el cual dispuso un nuevo estado de excepción "focalizado" en seis provincias y un municipio del país suramericano "por grave conmoción interna y conflicto armado interno".
De acuerdo con el decreto, la medida regirá en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro, y el cantón Camilo Ponce Enríquez de Azuay.
La decisión, según la Presidencia, cuenta con el respaldo de la Asociación Mundial de Juristas, "institución que —en su calidad de observadora jurídica— elaboró un informe que concluyó que el documento se ajusta al marco constitucional".
"Con esta decisión, el presidente Noboa fortalecerá las estrategias de lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, precautelando el bienestar y la seguridad ciudadana de todo el país, especialmente en estos sectores", explica la institución sobre el estado de excepción.
Asimismo, en el propio decreto se justifica la declaratoria, que tendrá vigencia por 60 días, ante "el incremento de hostilidades, cometimientos de delitos e intensidad de la presencia prolongada de grupos armados organizados" en estas provincias y ese cantón.
Decretos caídos
Esta nueva medida es decretada luego que la Corte Constitucional (CC) tumbara decisiones similares de Noboa, emitidas anteriormente.
A mediados de junio, la CC, por voto de mayoría, declaró la "inconstitucionalidad" del Decreto Ejecutivo 275, del pasado 22 de mayo, mediante el cual Noboa estableció estado de excepción en siete provincias y un cantón de la nación andina.
"La Corte estableció que los hechos mencionados en el decreto no configuran específicamente la causal de conflicto armado interno que, en esta ocasión, fue la única invocada por el presidente de la República", dijo entonces la institución.
Previamente, a finales de abril, el mandatario emitió otro decreto de estado de excepción para cinco provincias. No obstante, 10 días después, la CC falló en contra de la medida presidencial, argumentando falta de justificaciones para su implementación en lo que el Ejecutivo ha llamado conflicto armado interno.