El proyecto de una drástica reforma judicial propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha provocado una controversia que ya derivó en rumores de una posible renuncia de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña.
La tensión alcanzó un punto máximo el martes, debido a que el diario Reforma publicó que la magistrada Yasmín Esquivel, quien es cercana a López Obrador, le había pedido a Piña que deje el cargo.
"Planteé la necesidad de una reflexión sobre considerar la conveniencia de que la ministra Norma Piña permanezca como una interlocutora con el Poder Legislativo, fundamentalmente, que es donde se está analizando la reforma al Poder Judicial", explicó más tarde Esquivel en una entrevista radial.
El escándalo fue inmediato, ya que la renuncia de Piña desataría una crisis institucional en medio de la transición que culminará el próximo 1 de octubre, cuando López Obrador le entregue el poder a la presidenta electa Claudia Sheinbaum.
Por la tarde, cuando el tema copaba el debate público, la SCJN descartó la posibilidad de que Piña renuncie.
"Ante las versiones periodísticas en torno a la supuesta solicitud de renuncia de la ministra presidenta (…) se informa que (…) continúa con los trabajos jurisdiccionales y administrativos propios de su cargo, y mantiene diálogo con los poderes Legislativo y Ejecutivo de cara a una reforma judicial", señaló en un escrito.
Presiones
La polémica escaló tanto, que incluso López Obrador fue cuestionado sobre el futuro de la presidenta de la Corte.
"No hace falta que renuncie nadie, es nada más que continúe el debate sobre la necesidad de la reforma, hacer un buen análisis, un buen diagnóstico", dijo al descartar la posibilidad de que acepte "suavizar" la reforma judicial a cambio de que Piña deje su cargo. "No es una concertacesión", advirtió.
Lenia Batres, otra de las ministras de la SCJN cercanas a López Obrador, reconoció que hay cuestionamientos hacia Piña, pero descartó la posibilidad de que renuncie porque "no es momento" de que este órgano se meta en "una disputa intestina" que no tiene ningún sentido.
La presión hacia Piña es permanente debido a la pelea que sostiene con López Obrador desde que, en enero del año pasado, se convirtió en la primera mujer en presidir el máximo órgano de justicia de México.
El distanciamiento comenzó en uno de sus primeros eventos conjuntos, cuando Piña no se puso de pie cuando habló el mandatario ni lo aplaudió, lo que generó una fuerte polémica.
Además de que la presidenta de la Corte rechaza la reforma judicial impulsada por López Obrador, en este año y medio ha sido acusada de colaborar con la oposición por haber rechazado que la Guardia Nacional quedara bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, que se militarizara, entre otros proyectos presentados por el oficialismo.
Peleas
Una de las controversias más graves estalló en mayo, cuando el diario Milenio reveló que, en diciembre pasado, en medio de las precampañas rumbo a las elecciones presidenciales, Piña organizó una cena con magistrados electorales y con el titular del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno.
Desde el oficialismo promovieron entonces demandas de juicio político en contra de Piña que no prosperaron.
Lo que sí se han mantenido son las críticas en su contra por parte del Gobierno, que al mismo tiempo son reviradas por la oposición que apoya a la magistrada.
La semana pasada, por ejemplo, durante una de las audiencias públicas en torno a la reforma judicial, el expresidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, denostó frente a Piña el papel que ha desempeñado al frente de este órgano.
"La Suprema Corte se convirtió en defensora de las élites, de la oligarquía, de los poderosos, de la comentocracia", acusó Zaldívar, quien después de presidir la SCJN se sumó a la campaña de Sheinbaum.
El video se viralizó e incluso fue transmitido este miércoles durante la conferencia de prensa de López Obrador como "prueba" de la pluralidad con la que se están llevando a cabo los diálogos en torno a la reforma judicial que el presidente quiere que se vote antes de terminar su mandato.