El Gobierno panameño cerró con una "barrera perimetral" al menos tres pasos fronterizos con Colombia a lo largo de la selva del Darién, en interés de "canalizar" el tránsito de personas que atraviesan diariamente esos parajes en su camino hacia EE.UU., informaron este miércoles autoridades del país, recoge EFE.
"Hemos decidido, a través de reuniones previas con directivos del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y de Migración, instalar una serie de bloqueos en la gran mayoría de esta ruta y, precisamente, establecer un cordón humanitario", abundó el ministro de Seguridad Pública, Frank Abrego.
El funcionario detalló que la medida se adoptó tras la reunión bilateral que sostuvieran los presidentes José Raúl Mulino (Panamá) y Gustavo Petro (Colombia), en la que se acordó que los transeúntes debían identificarse en los dos países, dada la alta prevalencia de personas que circulan sin documentos de identidad.
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Las medidas
En tanto, en un comunicado de la Senafrot citado por la agencia española se indicó que "se tomaron medidas para el control de la migración irregular masiva que enfrenta el Estado panameño", en función de "canalizar la migración irregular" hacia Bajo Chiquito, el primer centro poblado con el que se topan los migrantes tras atravesar la selva del Darién a pie.
En concreto, se bloquearán "tres pasos no autorizados que utilizan los migrantes irregulares, que se identifican como los pasos por la costa pacífica y costa caribe […], así como los pasos terrestres que dan acceso al sector del Hito de Chucurti". En este último caso, se apuntó que fue "bloqueado con barreras perimetrales que impiden el paso de los migrantes".
La estrategia, que supone "dirigir todos los controles a un solo punto", sustituye al despliegue de fuerzas de seguridad en distintos parajes, y busca "la eficiencia en la lucha contra las organizaciones delictivas transnacionales que se benefician del tráfico de personas, de cobros ilícitos y otros delitos conexos a esta población vulnerable", explicó el Senafrot.
Mano dura
Mulino, que asumió este lunes, ha anunciado una política de mano dura para frenar los flujos migratorios a través del Tapón del Darién. A estos efectos, suscribió un convenio de cooperación con EE.UU. según el cual Washington asumirá los costes de repatriación de los migrantes que ingresen irregularmente a suelo panameño.
La Casa Blanca se comprometió a "apoyar a Panamá con equipos, transporte y logística de [aquellos] extranjeros, detectados dentro de los flujos migratorios, que contravengan las leyes migratorias de Panamá […] quienes estarán sujetos a medidas administrativas migratorias de conformidad con el derecho panameño", de acuerdo con un comunicado referido por la prensa local.
Por su lado, el mandatario panameño dijo en su discurso de juramentación que "Panamá no será más un país de tránsito para los ilegales". También adelantó que apelará a la solidaridad internacional "respecto de la causa que genera el problema" y buscará "soluciones con los países involucrados, sobre todo con los EE.UU., que es el destino final de tales inmigrantes".