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La Justicia de Perú rechaza prescripción del delito de asociación ilícita para Alberto Fujimori
El fallo anula una resolución anterior que beneficiaba al expresidente en el caso Pativilca, que juzga las matanzas perpetradas en 1992.
La Corte Suprema de Justicia de Perú rechazó este jueves la prescripción del delito de asociación ilícita en beneficio del expresidente Alberto Fujimori por el caso Pativilca y Cantuta, que juzga las matanzas perpetradas en 1992.
El fallo anula una resolución anterior emitida por la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, que declaró fundada la prescripción.
"Para analizar la prescripción, cabe apreciar la naturaleza de los hechos, los que en este caso se encuentran vinculados a una grave vulneración de derechos humanos, los mismos que constituyen delitos de lesa humanidad", indicó el máximo tribunal.
#LoÚltimo Poder Judicial rechazó la prescripción del delito de asociación ilícita para delinquir para #AlbertoFujimori, #VladimiroMontesinos, Nicolás de Bari Hermoza y Luis Pérez Documet, por su presunta intervención en el caso #Pativilca (Caraqueño) y #Cantuta. Lea… pic.twitter.com/Hkc9Qzi6Y4
— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) July 4, 2024
La Corte recordó que la tipificación de este tipo de delitos que no prescriben ha sido "reafirmada y desarrollada" por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Tribunal Constitucional de Perú y por el mismo tribunal que suscribe el fallo, "en sendas jurisprudencias".
El pronunciamiento de la Corte se produce horas después de que el Congreso de la República peruana aprobara, en segunda votación, un proyecto de ley que contempla la prescripción de delitos de lesa humanidad y de crímenes de guerra cometidos antes del 2002.
En una decisión exprés, prácticamente sin debate, la Comisión Permanente completó este proceso con una votación nominal en la que 15 legisladores estuvieron a favor y 12 en contra.
Plan criminal
La decisión del máximo tribunal responde a una acción judicial que beneficiaba al exmandatario Fujimori, a su exasesor y agente de Inteligencia Vladimiro Montesinos, al excomandante general del Ejército Nicolás de Bari Hermoza Ríos y al exoficial de esa misma fuerza Luis Augusto Pérez Documet, en el proceso que se les siguió por el delito de asociación ilícita para delinquir, en perjuicio del Estado peruano.
Los jueces argumentaron que en la década de 1990 se dio en el país una práctica de violaciones de derechos humanos, las cuales fueron planificadas y organizadas desde instituciones pertenecientes al Poder Ejecutivo.
"Estos delitos obedecieron a un plan criminal que desarrollaba una política de Estado para enfrentar al terrorismo de la época", señalaron, lo cual se dio bajo la formación de "un escuadrón conformado por agentes de Inteligencia del Ejército, que se conoció como Destacamento Colina". Dicho escuadrón fue "creado, implementado y después protegido" por Montesinos Torres, con total conocimiento y aprobación del entonces presidente Fujimori.
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