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El juez suspende la declaración de la mujer de Pedro Sánchez hasta el 19 de julio

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Begoña Gómez alegó que desconocía de qué se le acusaba y que no tenía toda la documentación del caso.
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El juez que investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, suspendió el interrogatorio poco después de arrancar la comparecencia y programó una nueva cita para el próximo 19 de julio.

Gómez llegó este viernes a los juzgados en Madrid para declarar como investigada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Una decena de furgonetas de la Policía fue desplegada alrededor de los juzgados, situados en Plaza Castilla, y los agentes blindaron el acceso al edificio. Según la prensa, Gómez accedió al recinto en un vehículo oficial y entró por el garaje, lo que permitió evitar a los periodistas.

Se trata de la primera vez que un cónyuge del jefe del Ejecutivo del país se ve envuelto en un procedimiento penal. 

Un colectivo ultraderechista

La denuncia fue presentada por el colectivo Manos Limpias, una organización de ideología ultraderechista fundada en 1995 que se hizo popular por sus denuncias, como una contra una serie infantil por presentar una familia homoparental u otra contra un guardia civil que solicitó convivir en una casa cuartel con su compañero sentimental.

A esta querella se unió otra de Hazte Oír, asociación de extrema derecha ultracatólica, que asegura que Gómez se aprovechó de su relación familiar con el jefe del Ejecutivo para favorecer a ciertas compañías con las que tuvo vínculos en el ámbito laboral para el acceso a contratos y ayudas públicas.

Al inicio de su declaración, Gómez alegó desconocer de qué le acusaba la asociación ultracatólica. El magistrado Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de qué se le acusa Instrucción 41 de Madrid, consideró que Gómez no había sido notificada con toda la información del caso.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Sánchez, así como las formaciones políticas afines, denuncian una campaña de acoso liderada por medios de comunicación, partidos políticos y organizaciones de extrema derecha, planteando la existencia de 'lawfare' y cuestionando la actuación de algunos jueces.

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