La presidenta de Perú, Dina Boluarte, declaró el estado de emergencia por los próximos 30 días en la provincia de San Román, departamento de Puno, una de las regiones más opositoras a su Gobierno y que ya había anunciado nuevas protestas.
El decreto supremo, publicado el 5 de julio, establece la suspensión del ejercicio de derechos constitucionales como inviolabilidad del domicilio o libertad de reunión. El Ejecutivo alega una "grave amenaza al orden interno" en la zona por el aumento de delitos a manos de la delincuencia común y el crimen organizado.
La medida coincide con la convocatoria a un paro regional establecido por diversas organizaciones de Puno para los días 25 y 26 de julio. Además, estos gremios ya aclararon que participarán en la principal movilización antigubernamental, prevista para final de mes (27, 28 y 29), cuando se prevé una movilización hacia Lima.