Al menos 680 reclusos perdieron la vida en cárceles de Ecuador entre 2018 y 2023, según revela un informe de varias organizaciones que fue enviado al Comité contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas.
El documento fue presentado por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), el Comité de Familiares por Justicia en Cárceles y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) ante esa instancia de las Naciones Unidas, que esta semana hará examen a Ecuador.
De acuerdo con el informe, de los seis años señalados, 2021 fue el más sangriento, con 348 reos asesinados bajo custodia del Estado.
En concreto, las organizaciones registran estos asesinatos en las cárceles:
- 2018: 15
- 2019: 30
- 2020: 51
- 2021: 348
- 2022: 147
- 2023: 89
"Las muertes en las masacres carcelarias se han caracterizado por su violencia desmedida que se detalla entre: mutilaciones, incineramientos, castraciones y otros actos inhumanos, crueles y degradantes que evidencian las condiciones de vida de las personas privadas de libertad", dice el documento.
Asimismo, las organizaciones señalan en el texto que esos motines carcelarios fueron previamente advertidos por las personas privadas de libertad.
"Este conocimiento previo de las masacres carcelarias se evidencia (en) que los presos enviaban audios de consolación o de auxilio a familiares, organizaciones de derechos humanos o en redes sociales. Es por eso que antes de que ocurrieran las masacres, las familias siempre se aglomeraban en los exteriores de los centros penitenciarios para exigir acciones al Estado para evitar eventuales muertes", indican.
Cárceles en el conflicto actual
Por otro lado, las organizaciones denuncian lo ocurrido en las prisiones desde que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró un "conflicto armado interno" en el país en enero pasado y decretó un estado de excepción nacional que rigió por 90 días.
Recuerdan que como resultado de ello, se reportó el ingreso de las Fuerzas Armadas en varias cárceles del país.
"Las intervenciones militares en los centros carcelarios iniciaron con la restricción de acceso a agua potable y alimentación a las personas privadas de libertad [...] Posterior a ese hecho, se reportó el decomiso de armas, ropa, elementos de higiene y objetos no prohibidos dentro de los centros carcelarios. Además, las familias señalaron estar incomunicados con sus parientes en prisión a partir del ingreso de la intervención militar", revelan en el documento.
Estas acciones, continúan las organizaciones, fueron acompañadas de prácticas de tortura como "encierros en celdas con gas pimienta, toallas mojada con gas pimienta, golpes, azotes, entre otros actos que atentan la dignidad humana".
Asimismo, hacen referencia a las condiciones de detención, como el hacinamiento en celdas, algunos presos con síntomas de tuberculosis sin atención médica, restricción de acceso a medicamentos de personas con enfermedades catastróficas (VIH, tuberculosis, entre otras) y con requerimientos quirúrgicos, impedimento de servicios básicos como agua y luz, prohibición de material de aseo y de uso personal (jabón, cepillo de dientes), destrucción de bienes personales no peligrosos como colchones, entre otras.
También se presentó una crisis en varias cárceles por la falta de suministro de alimentos, lo que generó que familiares de los reos tuvieran que gestionar donaciones.
De igual forma, denuncian que los familiares de los presos han sido sometidos a "tratos crueles, inhumanos y degradantes", debido a "falta de espacios de contención emocional, además (de) la respuesta represiva de la fuerza policial".
Además, señalan que desde el inicio de las masacres carcelarias el incremento de ataques, amenazas de muerte y demás contra personas defensoras de derechos humanos ha incrementado, puesto que se ha posicionado que quienes denuncian los abusos de la fuerza pública son "defensores de delincuentes".