Jueces y magistrados de México se pronuncian contra la reforma judicial de López Obrador

En México, la Asociación de Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación se pronunció en contra de la reforma judicial que impulsa el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, al considerar que los señalamientos en los que se basa son falsos.

En un documento difundido en las redes sociales y medios de prensa, la organización estimó que sobre los juzgadores y magistrados se cierne una amenaza de cese y que la reforma pretende "acabar con la independencia del Poder Judicial de la Federación" con asuntos como los diálogos nacionales, a los que tacharon de "una estrategia dilatoria", cuyo objetivo sería "frenar la protesta [juramento en el cargo] de todos los integrantes del Poder Judicial".

"Durante casi seis años hemos sido víctimas de calumnias, se nos ha amenazado e intimidado mediante un continuo discurso público de agresión verbal y odio", afirmaron, al tiempo que se aprestaron a calificar de falsas las acusaciones de corrupción hacia la totalidad de los togados, así como su aparente carácter elitista y su incompetencia, que se traduciría en el otorgamiento de libertad a "delincuentes".

"Es falso que la elección de jueces por voto popular sea la mejor manera de solucionar los problemas de justicia en México. Lo que realmente se pretende es destruir a la única institución pública que ha frenado la instauración del poder político absoluto", aseveraron.

"No somos políticos"

En otro punto, los jueces y magistrados federales destacaron que no son políticos y rechazaron "cualquier invitación a compartir el poder político", en tanto "juzgar exige capacidad, independencia y autonomía". "Nuestra fuerza proviene de la razón de la palabra, con el apoyo de la Constitución y la ley", recalcaron, antes de puntualizar que no defienden "ideologías ni propias ni ajenas".

"Que se escuche fuerte y claro: somos un poder que defiende a las personas frente al poder mismo del Estado mexicano, porque la Constitución así lo establece y demanda. Nuestra función ahora incomoda y, por ello, falsamente se dice que estamos subordinados a las élites financieras y que somos un poder corrupto", agregaron.

En criterio de los firmantes, el Poder Judicial no existe para "ceder a las exigencias de otros poderes", una situación que se estaría presentado con los intentos de "destitución masiva de jueces y magistrados constitucionales" impulsados desde el Congreso por el partido de gobierno (Morena), en virtud de su posición de fuerza política dominante en el Legislativo.

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"La reforma judicial que proponen el Ejecutivo y sus legisladores generará jueces sometidos a los intereses de la política. Esto destruye no solo la división de poderes, sino que desmantela y rompe el brazo más sólido y vigoroso del Estado constitucional, cuyo objeto y condición prohíbe concentrar el poder", advirtieron.

Mezcla intencionada y méritos

Del mismo modo, los magistrados y jueces federales tildaron de "grave error" lo que en su opinión sería una mezcla intencionada de "justicia social y política que corresponde al Ejecutivo y al Legislativo" con la administración de la justicia constitucional, prerrogativa exclusiva del Poder Judicial.

"Es falso que el Poder Judicial sea la causa de los enormes problemas nacionales que representan el crimen organizado, la corrupción, el patriarcado, la violencia contra la mujer, la discriminación, el abandono del campo, la destrucción del ambiente, el desvío de recursos públicos o las licitaciones corruptas", indicaron.

Además, salieron al paso a las críticas en las que se sindica a los miembros del Poder Judicial de no poseer las competencias requeridas para el ejercicio de sus funciones. "Somos producto de un sistema de méritos objetivo, comprobable y democrático. Hasta nuestros exámenes son públicos y quedan grabados para constancia", dijeron. Para ellos, esto echaría abajo la idea de que constituyen "una élite burocrática dorada, con conservadores llenos de privilegios".

Por último, defendieron la transparencia de la información dentro del sistema judicial, que abarca aspectos como salarios, presupuesto, sesiones, criterios, sentencias y acuerdos, todo lo cual "es público" y puede consultarse en el Poder Judicial.

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