La Universidad Complutense de Madrid (UCM), el 1 de julio, envió al juez Juan Carlos Peinado, que investiga a la mujer del presidente del Gobierno de España, Begoña Gómez, sus pesquisas sobre la posible comisión por parte de la investigada del delito de apropiación indebida por patentar un 'software' financiado parcialmente por esa casa de estudios, según recoge 20 Minutos.
La entidad realizó una investigación interna para conocer si se le había causado algún perjuicio patrimonial, pero asegura que no ha podido llegar a una conclusión definitiva, por lo que solicita al magistrado que realice las indagaciones oportunas.
La universidad cree que ese perjuicio en su patrimonio se concreta en tres contratos por un valor total de 102.848 euros que desembolsó para completar la financiación de un programa informático para la cátedra que codirige la esposa de Pedro Sánchez, destinado a crear una plataforma tecnológica en forma de herramienta para la medición del impacto social y su cuantificación.
Un 'software' usado por la empresa de Gómez
En el marco de la cátedra de Transformación Social Competitiva, Gómez logró la colaboración de Google, Telefónica e Indra para la elaboración del 'software' de forma gratuita. Sin embargo, tras un desembolso de 150.000 euros las empresas acabaron retirándose del proyecto.
En ese momento la UCM ejecutó una licitación para que otra empresa completara el trabajo. Ganó Deloitte Consulting, que finalizó el proyecto por 60.500 euros.
Más adelante Gómez registró el programa en la Oficina Española de Patentes y Marcas, y lo ofrece de manera gratuita desde la empresa de su propiedad, Transforma TSC S.L., dedicada al mismo ámbito que los contenidos del máster.
Además, la UCM añade en su informe otros dos contratos: uno de 24.000 euros con la empresa Making Sciencie Group para servicios relacionados con el desarrollo de la plataforma tecnológica, y otro de 18.148 euros por servicios de consultoría y asistencia.
Gómez está siendo investigada en un juzgado de Madrid a raíz de las denuncias de dos organizaciones ultraderechistas por su vínculo con un empresario para dilucidar si cometió tráfico de influencias y corrupción en los negocios.