La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) de Argentina, encabezada por Diego Spagnuolo, y el ministro de Salud, Mario Ruso, han realizado una auditoría sobre las pensiones por invalidez otorgadas durante gestiones anteriores que ha descubierto una "actividad fraudulenta a gran escala", según ha informado este viernes en conferencia de prensa el vocero presidencial, Manuel Adorni.
Se estima que en el último año se desviaron fondos por valor de 3.400 millones de dólares. Adorni señaló que entre 2003 y 2015, las pensiones no contributivas por invalidez laboral pasaron de 79.000 a 1.045.000. Durante el periodo del mandato de Mauricio Macri, la cifra se mantuvo estable y posteriormente, entre 2019 y 2023, durante el gobierno de Alberto Fernández, la cifra volvió a aumentar hasta alcanzar 1.222.000 beneficiarios, según el vocero de Milei.
"Este número estratosférico no corresponde ni siquiera a un país que haya sufrido guerras militares ni catástrofes naturales", dijo Adorni.
La misma apreciación realizó el propio Spagnuolo hace más de una semana, cuando habló de "escándalo" en referencia a las pensiones desproporcionado sucedido durante los gobiernos kichneristas. El director del Andis cifró el gasto público anual de las pensiones por invalidez en 3.000 millones de dólares.
Según los datos ofrecidos por Adorni, del total de personas pensionadas hay 25.000 que actualmente están trabajando y 60.000 que presentan incompatibilidad de requisitos.
Además, a cada persona que se le otorgó indebidamente una pensión por invalidez, también se le otorgó el servicio de obra social Incluir Salud, apuntó en funcionario, que representó un abono de 1,5 millones de pesos (algo más de 1.700 dólares) por afiliado.
"Casos peculiares"
Adorni se detuvo a desgranar algunos casos "peculiares" que rebeló la auditoría.
Así, la dirección general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires tiene 683 empleados que reciben una pensión por invalidez, incompatible con la práctica laboral, de ellas el 65 % fueron otorgadas en menos de 30 días.
En Chaco se encontraron casos donde una misma radiografía de hombro fue presentada como prueba en 150 pensiones por invalidez. En 2022 un médico de la provincia de Corrientes adjuntó al certificado para la obtención de la pensión por un trastorno de disco lumbar la radiografía de un perro.
"Este era el nivel de descontrol que había en las pensiones por discapacidad", concluyó Adorni, que anunció que cada pensión que fue otorgada de manera fraudulenta será denunciada penalmente.