El presidente de Argentina, Javier Milei, provocó una nueva polémica este martes al firmar un decreto que le otorga a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) "fondos reservados" por un total de 100.000 millones de pesos (alrededor de 107,9 millones de dólares).
La medida es controvertida porque estos recursos millonarios se gastarán de manera discrecional, no se sabrá en que serán utilizados y tampoco se auditarán.
Además, contradice el lema con el que Milei comenzó su Gobierno el pasado 10 de diciembre: "no hay plata".
Los fondos se autorizaron a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, y después de que la semana pasada el Gobierno anunciara la disolución de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y el regreso de la SIDE, nombre que tuvo entre 1946 y 2015.
La "nueva" SIDE encabeza el Sistema de Inteligencia Nacional que integran otros cuatro organismos que están al mando de Sergio Neiffert, un hombre de confianza de Santiago Caputo, el principal asesor de Milei que es cuestionado porque permanece en las sombras con el pretexto de que no cobra ningún sueldo.
"Resulta necesario asignar las partidas presupuestarias que permitan solventar, inicialmente, las acciones para la reorganización del Sistema de Inteligencia Nacional", señaló el decreto que advirtió que el fin es garantizar la seguridad, defensa e integridad del país sudamericano.
"En atención a la naturaleza del destino de los fondos asignados y que su publicidad afectaría el normal desarrollo de las tareas de los órganos que integran el citado sistema, corresponde establecer su carácter reservado", agregó para justificar el secretismo en el uso de los multimillonarios fondos.
Antecedentes
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que es uno de las organizaciones de derechos humanos más importantes de este país, recordó que los "fondos reservados" permitieron que la antigua SIDE cometiera múltiples delitos que fueron demostrados en causas judiciales.
Por ejemplo, explicó, se pagaron sobornos para desviar la investigación del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) ocurrido en 1994 y que tres décadas después sigue impune.
La SIDE también sobornó a diputados y senadores para que aprobaran determinadas leyes; realizó operaciones mediáticas para desprestigiar a políticos, sindicalistas y referentes sociales; cubrió viajes de espías, jueces, políticos y acompañantes al exterior; y armó causas judiciales con intervenciones telefónicas que resultaron ser falsas.
Además, gracias a los recursos discrecionales, la SIDE se infiltró en asambleas sociales y sindicales; espió a periodistas y operó "granjas de trolls" para acosar a personales públicos en redes sociales o instalar temas de su interés.
"El Poder Ejecutivo reinstala una práctica que había sido prohibida por las gravísimas irregularidades que habilitó", advirtió el CELS al analizar el historial de operaciones de inteligencia que, en muchos casos, se convirtieron en simple espionaje ilegal.
Condena
Las críticas en redes sociales se centraron en señalar que los fondos reservados en realidad los manejará Santiago Caputo, quien además es sobrino del ministro de Economía, Luis Caputo; y que la medida evidencia la crisis de gestión de Milei.
"La asignación del Gobierno de fondos millonarios es directamente proporcional a los problemas que comenzó a tener hacia adentro y para afuera. Blindaje. Se vienen tiempos más bravos. Los que tenemos unos años ya sabemos de qué se trata", explicó el periodista David Correa.
"La libertad retrocede y avanza el poder y la oscuridad de los servicios de inteligencia", denunció la exsecretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra.
El diputado opositor Esteban Paulón, por su parte, acusó que "mientras el Gobierno le impone un ajuste brutal a la sociedad argentina", le entrega recursos millonarios a Santiago Caputo "para seguir jugando a los espías".
"¿Quién dijo que 'No hay plata'? Queda claro que hay mucha… y esto es obra de los legisladores colaboracionistas que deben estar felices", señaló, por su parte, el economista Carlos Riello.
El uso de fondos reservados para inteligencia ha sido motivo de una añeja polémica, ya que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) los eliminó, pero su sucesor Mauricio Macri (2015-2019) los repuso y terminó envuelto en múltiples escándalos de espionaje ilegal.