La situación de las cárceles en Uruguay está al "límite"

"El sistema penitenciario uruguayo se encuentra en una situación límite y explosiva". Así lo asegura un informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) y el Comisionado Parlamentario Penitenciario (CPP), presentado este jueves.

El documento aborda varios aspectos, uno de ellos es el hacinamiento, provocado por el crecimiento sostenido de la población penitenciaria. El sistema no está preparado para una superpoblación en la mayoría de las cárceles, en las que ha aumentado el número de reclusos "casi sin pausa en las últimas décadas". Para responder a este problema, el informe propone la construcción de nuevas plazas, el aumento de medidas alternativas a la prisión, bajar la reincidencia y mejorar los procesos de egreso.

Uruguay es uno de los 10 países con mayor encarcelamiento por habitante del mundo. Se calcula que hay 464 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes. Además, al momento de acomodarlos no se tienen en cuenta criterios como ventilación, iluminación, acceso a los servicios sanitarios, entre otros, lo que conlleva a que se vea afectada su "dignidad". Tampoco hay recursos técnicos y humanos suficientes, ni acceso adecuado a los servicios de atención de la salud. Por desgracia, "no es factible" un "aumento cuantioso de recursos para atender el costo real de la población penitenciaria", según los expertos.

Miles de presos podrían ser liberados en el Reino Unido para combatir el hacinamiento en las cárceles

Otro aspecto que se analiza es el de los derechos humanos y la violencia. Las "diversas vulneraciones" a los derechos humanos en las condiciones de vida de los internos y los altos niveles de violencia dentro de los penales están vinculados al crecimiento de la población penitenciaria, el endurecimiento de las penas, la "privación de libertad como respuesta hegemónica" y a los "problemas de racionalidad y eficiencia en la ejecución de penas".

En este sentido, se considera clave el rol de los funcionarios penitenciarios. Aunque hay políticas que promueven los derechos humanos, estas no se reflejan en sus prácticas cotidianas, por tanto, se hace necesario "monitorear y combatir la violencia institucional". Además, el actual desajuste entre el número de efectivos y la cantidad de internos "deriva en una falta de supervisión y genera situaciones de inseguridad", asegura la Asociación para la Prevención de la Tortura, citada en el texto.

En términos generales, los autores del informe consideran que para lograr todas las transformaciones necesarias es indispensable que se pueda llegar a la elaboración de un plan para la modernización del sistema penitenciario con los apoyos institucionales y políticos necesarios para que sea sólido y genere progresivamente resultados. En este sentido, son conscientes de que la actual situación carcelaria no es una novedad, y es resultado de "varios decenios" de intentos fallidos de implementar acuerdos innovadores, "con el mismo ritmo que la evolución social marcaba nuevos desafíos y problemas de integración social".

"La modernización del sistema penitenciario para lograr los rubros y los apoyos institucionales y políticos necesarios para consolidarse, debe pasar por un proyecto estratégico sólido y capaz de concitar la adhesión no solo de los actores institucionales sino también de la opinión pública", concluye el texto.