Marchas contra el Gobierno de Boluarte en repudio a la brutalidad policial en Perú (FOTOS, VIDEOS)

Millares de manifestantes marcharon este sábado en las calles de Lima para exigir justicia por los 50 muertos y 716 heridos que dejó la brutalidad policial de las fuerzas del Gobierno de Dina Boluarte en los disturbios de 2022 y 2023, tras la destitución de Pedro Castillo.

Los protestantes llegaron hasta las inmediaciones del Palacio de Justicia y el Congreso de la capital peruana desde varios rincones del país andino para exigir una salida democrática de la crisis política. Entre ellos se encuentran organizaciones sociales y familias de las víctimas de la represión policial, que llevaron pancartas de sus seres queridos fallecidos.

Los presentes denunciaron que la presidenta interina ocupa el poder ilegalmente y requieren justicia para los asesinados durante su gestión. Además, presentaron demandas contra la criminalización de las protestas y la impunidad de los responsables de la violencia. Ante el flujo de manifestantes, las autoridades desplegaron un fuerte operativo policial.

"La presidenta es una verdadera vergüenza, no nos representa, menos a las mujeres, y el Congreso tampoco, porque solo legisla para los intereses de las economías ilegales: la minería, la tala de la madera", declaró la manifestante Leandra Condori.

En esa línea, los participantes exigieron mejoras sociales en los ámbitos de la salud y la educación, así como poner fin a la privatización del agua y el cese del proyecto minero denominado Tía María.

Por su parte, Boluarte pronunciará este domingo su segundo mensaje al país desde el Parlamento, coincidiendo con las fiestas patrias peruanas, tras más de un año y medio de Gobierno. El discurso se dará en un contexto en que la mandataria tiene altos índices de impopularidad.

Amnistía Internacional señala a Boluarte como posible responsable penal de muertes en protestas

Informe de Amnistía Internacional contra Boluarte

Entre tanto, Amnistía Internacional publicó la semana pasada un informe sobre la represión policial registrada entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, en el que señaló a Boluarte como posible responsable penal de las muertes.

"La presidenta Dina Boluarte podría ser investigada como posible autora mediata de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas", consignó el organismo internacional. El Gobierno por su parte rechazó "rotundamente cada uno de los apartados" del texto. "El Estado no responde a las oenegés", declaró en aquel momento el jefe del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén.