El Gobierno de Perú rechazó este viernes las declaraciones de la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la libertad de reunión pacífica y de asociación, Gina Romero, sobre el supuesto incumplimiento de las recomendaciones realizadas después de su visita en 2023 ante las muertes en protestas.
En un comunicado conjunto del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se expresó el rechazo y desacuerdo con Romero, alegando que sus mensajes "no reflejan los avances informados en las reuniones sostenidas y documentos remitidos oportunamente a dicha relatoría".
El pasado 30 de julio, la relatora expresó su "preocupación" e indicó: "No han sido adoptadas las recomendaciones presentadas al Gobierno del Perú sobre la facilitación de las asambleas pacíficas". Entre esas sugerencias, mencionó el diálogo social y el abordaje de las causas de las manifestaciones.
Punto por punto fue respondido por el Ejecutivo peruano, que incluso aludió al pedido de disculpas públicas de la presidenta Dina Boluarte. "En el mensaje a la nación de 28 de julio de 2023, ante el Congreso de la República, se pidió perdón en nombre del Estado a los familiares de todos los fallecidos, civiles, policías y militares", dijo.
"El informe de la relatoría ha incluido aseveraciones fuera de contexto y alejadas de la realidad sobre la situación de los derechos humanos en el país", agregó.
La respuesta
Romero agradeció este viernes a la Cancillería por la actualización. "Me complace saber que hay propuestas de acciones para facilitar el diálogo social y la prevención de conflictos, incluyendo la formulación de nuevas políticas. Entre más participativos e incluyentes sean esos diseños, mejores resultados tendrán en el futuro", señaló.
"Importante también será conocer los avances sobre medidas que atiendan el resto de recomendaciones, en especial las asociadas a los procesos de estigmatización y criminalización de la protesta pacífica, sus líderes y participantes", añadió.
Unos 49 civiles fallecieron en enfrentamientos con policías y militares en las movilizaciones contra Boluarte y el Parlamento efectuadas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. En varias ocasiones las autoridades responsabilizaron a los manifestantes por los decesos.