Los pendientes de la denuncia de la vicepresidenta de Ecuador contra Noboa
La denuncia por presunta violencia política de género que presentó la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, contra el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), aún no cuenta con un juez que la procese.
De acuerdo con el organismo, la denuncia fue presentada el pasado 8 de agosto y Fernando Muñoz, quien fungía como presidente del TCE en ese momento, no cumplió los plazos para sortear el juez para el caso, algo que debió hacer de inmediato.
Richard González, juez suplente, denunció, en declaraciones a Radio Pichincha, que Muñoz escondió la denuncia de la vicepresidenta. Dijo que los jueces electorales no fueron notificados del particular ni tampoco se colgó en la página web del TCE, como lo determina la norma.
Muñoz fue removido de su cargo el lunes por los jueces Ángel Torres, Jorge Ortega e Ivonne Coloma, quedando esta última en su lugar. El magistrado separado de su cargo interpuso una demanda penal en la Fiscalía y solicitó una acción de protección en la justicia ordinaria.
Tras la remoción de Muñoz, se espera, según aseguraron desde el TCE al mencionado medio, que este martes se cumpla con el sorteo para que un juez procese la denuncia de Abad.
Además de Noboa, la denuncia está dirigida contra la canciller Gabriela Sommerfeld, al viceministro de Gobierno Esteban Torres y a la asesora presidencial Diana Jácome.
Violencia política de género
De acuerdo con la Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia de Ecuador, la violencia política de género es considerada como una infracción electoral muy grave y puede ser sancionada con multa que oscila entre 21 y 70 salarios básicos unificados, destitución y/o suspensión de derechos de participación por un periodo de dos a cuatro años.
El ingreso de esta querella ante el TCE coincidió con la disposición de Noboa para que Abad sea trasladada de Israel, a donde fue enviada en diciembre pasado, a Turquía, ante la escalada de las tensiones en Oriente Medio que comprometen la seguridad de los residentes en el país hebreo.