Los casos más emblemáticos que investiga y procesa la Fiscalía General del Estado (FGE) de Ecuador ha develado la intromisión del crimen organizado en la Justicia del país suramericano.
Varios presidentes —ahora extitulares— de cortes provinciales de Justicia del país están siendo procesados por presunta delincuencia organizada y supuesto tráfico de influencias en las causas que la FGE ha bautizado con los nombres de Metástasis, Purga, Plaga y Vocales.
En el caso Vocales, cuya investigación inició en junio de 2022, la FGE investiga el presunto delito de tráfico de influencias. En esta causa está siendo procesado Vladimir Jhayya, quien para entonces fungía como juez de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha; y al que un año después le formularon cargos y le dictaron medidas sustitutivas a la prisión preventiva, como presentación semanal ante la autoridad y prohibición de salida del país.
Entretanto, en el caso Metástasis, que se procesa desde diciembre de 2023, fue sentenciado a principios de agosto el exjuez provincial de Guayas, Adolfo Gaibor, por delincuencia organizada. En esta causa se investiga una presunta estructura criminal, que involucraba a jueces, fiscales, funcionarios del Consejo de la Judicatura y del sistema penitenciario, abogados en libre ejercicio y otros, y que operaba a favor de los intereses del narcotraficante Leandro Norero, alias 'El Patrón', quien fue asesinado en octubre de 2022 en la Cárcel de Cotopaxi.
En esta investigación también fue vinculado Carlos Zambrano, expresidente de la Corte Provincial de Justicia de Manabí.
Al caso Purga, que se procesa desde marzo de 2024 y se deriva del caso Metástasis, la FGE ha vinculado a la expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas, María Fabiola Gallardo Ramia. En esta causa también se indaga en el presunto cometimiento del delito de delincuencia organizada, para favorecer intereses individuales e incluso del narcotráfico, entre ellos al líder criminal José Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito', actualmente prófugo de la Justicia de Ecuador.
Mientras, en el caso Plaga, la FGE investiga el presunto delito de delincuencia organizada por parte de jueces, secretarios, policías, abogados en libre ejercicio y otros funcionarios públicos, en el otorgamiento ilegítimo de acciones constitucionales a personas privadas de la libertad. Según la entidad, la red delictiva captaba a sus integrantes a través de la entrega de dinero o favores a cambio de permitir que los presos obtengan libertad, mediante argucias y abuso del derecho.
Entre los procesados en esta causa están los jueces de la Corte provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas Galo Luzuriaga, Patricio Calderón y Jorge Montero, este último era el presidente del organismo.