La estrategia de seguridad de Boric desata roces dentro de su Gobierno en Chile

La política de seguridad en Chile ha generado opiniones encontradas dentro del oficialismo, luego de que una diputada de ese bloque le pidiera al presidente Gabriel Boric que liderara las acciones en esa área, más allá de las reuniones. 

En respuesta, la ministra de la Secretaría general del Gobierno, Camila Vallejo, negó que solo se hicieran reuniones y le pidió a la parlamentaria y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, que "tenga más sentido de responsabilidad respecto a las estrategias" de seguridad que La Moneda le ha comunicado a los medios y a los partidos. La congresista, tras esas declaraciones, modificó su opinión sobre las acciones del mandatario.

En una entrevista de 24 Horas, Vallejo afirmó que las acciones que lidera Boric van más allá "de ser simples reuniones" y dijo que se han asignado recursos, se han aprobado más de 60 leyes y se han hecho "despliegues estratégicos" de la Policía con el Ministerio Público. "Fue un trabajo operativo, no una sola reunión", agregó.

¿Qué causó la controversia?

La víspera, la presidenta del Partido Socialista le pidió al mandatario que estuviera al frente de las acciones en contra del crimen organizado, tras la ola violenta que dejó nueve homicidios en el país suramericano el pasado fin de semana.

Ocho homicidios en tres días deja nueva ola de crímenes en Santiago de Chile

"La propuesta no es que el presidente encabece las reuniones, es que dirija la política contra la acción criminal. De reuniones estamos todos cansados", manifestó la senadora en una entrevista de Radio Universo.

Vodanovic, al frente del partido que también hace parte del Gobierno, aseguró que en esa nación "hay una nueva criminalidad", por lo que "los esfuerzos que se tienen que hacer son de largo aliento" y con coordinación institucional.

Tras la reacción de Vallejo, la congresista cambió totalmente el tono de lo expresado y aseveró que el mismo jefe de Estado había "dado las instrucciones" para la asignación de los recursos dirigidos a la recontratación de 2.500 carabineros jubilados. Además, añadió que era "sumamente injusto castigar al Gobierno" por la falta de personal de seguridad porque "es una situación que viene de largo tiempo", recoge La Tercera.