La vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel, encabezará este martes un polémico homenaje en el Senado a las víctimas que dejaron los atentados de las guerrillas en los años 70, antes y durante la última dictadura militar (1976-1983).
El acto se suma al intenso debate que hay en el país desde que el mes pasado se descubrió que diputados oficialistas visitaron en la cárcel a represores condenados por crímenes de lesa humanidad, para ofrecerles su respaldo y ayudarlos a conseguir que sean liberados.
De hecho, a lo largo de esta jornada también se prevé que La Libertad Avanza, el partido del presidente Javier Milei, expulse a la diputada Lourdes Arrieta del bloque parlamentario oficialista, en represalia por las revelaciones que hizo en torno al encuentro con los criminales de lesa humanidad que organizó el cura Javier Olivera Ravasi.
El fin de semana, Arrieta profundizó el escándalo al publicar los chats que demuestran que los diputados "no se mandaron solos", como había asegurado el Gobierno en un intento de desligarse, sino que contaron con el aval de funcionarios del poder ejecutivo, legislativo y judicial.
También advirtió que la visita a los represores no forma parte de la agenda de Milei, como él mismo ha dicho, por lo que se debe investigar quién la instigó con el fin de afectar al Gobierno, lo que se interpretó como un mensaje directo para Villarruel.
Las sospechas de que Villarruel está detrás del operativo de apoyo a los represores, que se convirtió en una grave crisis política para el Gobierno, se debe a que proviene de una familia de militares y siempre ha defendido a los condenados, ya que considera que son "presos políticos" que merecen ser liberados. Además, el cura que organizó el operativo es su amigo y colaborador.
Más denuncias
La teoría de la vicepresidenta es que las fuerzas armadas combatieron al "terrorismo" que representaban las guerrillas, por lo que incluso niega, justifica o minimiza delitos de lesa humanidad, como el secuestro de mujeres embarazadas y el robo de niños recién nacidos.
Cada año, los organismos de derechos humanos recuerdan que la dictadura dejó un saldo de decenas de miles de desaparecidos que no formaban parte de las guerrillas, sino que eran estudiantes, periodistas, escritores, líderes sociales, sindicales o activistas, ya que la represión fue generalizada y no se combatió solamente a las guerrillas sino a cualquiera que fuera considerado opositor.
Villarruel, en cambio, niega el número de desaparecidos y los crímenes de las juntas militares e insiste en que las "víctimas del terrorismo" fueron olvidadas. Así lo repite la invitación oficial al homenaje de este martes.
"Será una actividad que permitirá develar hechos que durante décadas una parte de la política ha querido esconder y que nos ha dejado profundas heridas a los argentinos que todavía no sanan. Se podrán ver y escuchar las consecuencias humanas de los atentados terroristas que se han perpetrado en la Argentina y en otros países", señala un comunicado.
A la misma hora, pero en la Cámara de Diputados, se realizará la reunión de los parlamentarios de La Libertad Avanza que votarán por la expulsión de Arrieta. A sabiendas de que la decisión ya está tomada, la diputada contraatacó esta madrugada con una serie de mensajes en sus redes sociales, en los que pidió investigar los manejos económicos de los represores.
"Hasta no llegar al fondo de la verdad, no paro. Solicito que la Justicia tenga a bien indagar si habría existido financiamiento de parte de los genocidas para afectar a la agenda del presidente", señaló al adjuntar una serie de documentos de bancos extranjeros, como parte de una crisis política que está lejos de terminar.