Desde que los juicios por lesa humanidad se reanudaron hace casi 20 años en Argentina, la justicia investigó a 3.746 represores y condenó a 1.187, pero actualmente la mayoría de ellos cumple sus penas en prisión domiciliaria.
Así lo revela el informe más reciente de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que resume el estado de los juicios, en un momento en que hay una intensa campaña de algunos sectores del oficialismo para liberar a criminales que secuestraron, torturaron, asesinaron, desaparecieron y violaron a miles de víctimas durante la última dictadura militar (1976-1983).
Hace dos meses estalló el escándalo de la visita que varios diputados oficialistas realizaron a genocidas en la cárcel de Ezeiza (Buenos Aires) con el propósito de apoyarlos y promover su liberación, lo que se convirtió en una crisis política para el presidente Javier Milei e incluso derivó en rupturas partidarias.
En medio de la polémica, Victoria Villarruel, la vicepresidenta que construyó su carrera política a partir de una visión que niega los crímenes de los represores, anunció, sin tener facultades para ello, que reabrirá los juicios contra los miembros de las guerrillas de los años 70. Su teoría es que deberían estar presos al igual que los exmilitares, quienes, a su vez, ya comenzaron su propia campaña para visibilizarse en redes sociales y concitar apoyos.
Milei ha intentado desligarse de la controversia con el argumento de que la liberación de los represores no forma parte de su agenda, pero su Gobierno ha desmantelado las políticas de derechos humanos que se construyeron durante décadas en el país sudamericano para impedir la impunidad de los crímenes cometidos durante el último régimen militar.
El último ejemplo ocurrió esta semana, con la intervención policial en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, las mujeres que tienen reconocimiento a nivel mundial porque durante la dictadura salieron a exigir la aparición con vida de sus hijos desaparecidos por los represores.
Los números
La premisa de quienes defienden a los represores es que son personas de avanzada edad que merecen la prisión domiciliaria porque son mayores de 70 años, que es la edad a partir de la que los jueces pueden otorgar este derecho.
Sin embargo, la mayoría de ellos ya goza de ese beneficio. De acuerdo con las cifras de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, en la actualidad hay 636 personas detenidas (condenadas o procesadas), de las cuales 508 se encuentran en arresto domiciliario y solo 128, bajo custodia penitenciaria.
De las 25 personas menores de 69 años detenidas por crímenes de lesa humanidad, solo 13 están en prisión. El rango de 70 a 75 años es el que suma un mayor número de acusados, un total de 216, de los cuales 151 están detenidos en sus domicilios. Entre los 31 acusados que tienen la edad más avanzada, de 91 años o más, apenas uno sigue en prisión.
Por otra parte, desde 2006 hasta ahora han sido absueltos 190 acusados. Actualmente existen 391 personas procesadas y 482 imputadas, en tanto que a 157 se les dictó falta de mérito, 102 fueron sobreseídas y 76 esperan la resolución de su situación procesal tras haber sido indagadas.
Los juicios se mantienen prácticamente sin apoyo del Poder Ejecutivo que encabeza Milei. El Ministerio de Seguridad, por ejemplo, dejó de ofrecer recompensas por la detención de los 34 represores que están prófugos.
En este marco, hay 281 causas en etapa de instrucción, en tanto que otras 70 se encuentran a la espera del inicio del debate. De manera paralela, se llevan a cabo 13 juicios orales y públicos en diferentes provincias.