Jubilados y pensionados de Argentina se movilizaron este miércoles en rechazo al veto del presidente Javier Milei que echó por tierra un aumento de sus haberes aprobado por el Congreso.
Los manifestantes, acompañados por organizaciones sociales, se congregaron frente al palacio legislativo en Buenos Aires, donde se enfrentaron a un fuerte operativo policial que repitió la represión sufrida la semana pasada. Desde allí, intentaron marchar hacia Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, sede del Ejecutivo, pero no lo lograron.
Los manifestantes desafiaron una vez más el protocolo antipiquetes del Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich, quien anticipó que si cortaban las calles volverían a reprimir.
Así fue. Al menos 27 personas debieron ser atendidas por personal médico, varias de ellas adultos mayores, luego de haber sido apaleados y gaseados por efectivos de la Policía Federal y Gendarmería.
La protesta de jubilados y movimientos sociales fue para manifestar su rechazo al veto que impuso Milei contra la Ley de Movilidad Jubilatoria que aprobó el Senado días atrás, cuyo objetivo era recomponer los ingresos los ingresos de los jubilados y pensionados en un 8,1 %.
La marcha también se realizó para repudiar la violencia estatal, luego de la represión que padecieron los jubilados en la convocatoria del miércoles pasado, cuando la Policía Federal roció con gas y reprimió con porras a los manifestantes que se encontraban a las afueras del Parlamento.
Veto total
Los jubilados demandan mejores ingresos tras perder su poder adquisitivo en los últimos meses. Desde diciembre, cuando Milei asumió el poder, la caída del haber mínimo fue de 19,2 %, según un informe del Frente Renovador, recoge Ámbito.
El líder libertario ya había advertido del decreto de veto total, que finalmente firmó después de una reunión con los bloques de diputados del oficialismo y de la oposición dialoguista en la Casa Rosada, quienes le dieron su apoyo.
El presidente argumentó que dar el incremento de haberes para el sector pasivo implicaría un gasto adicional de 1,2 % del PIB, y obligaría al Estado a contraer una deuda.
El Gobierno se opuso a la recomposición en defensa del superávit fiscal, que busca alcanzar principalmente mediante profundos recortes del gasto público. En este sentido, el mandatario calificó la ley de una "irresponsabilidad", que "condenaría a los argentinos".