La violencia desatada entre organizaciones criminales del narcotráfico en México, han obligado a las comunidades indígenas del poblado Guadalupe y Calvo, al sur del estado mexicano de Chihuahua y en lo profundo de la Sierra Madre Occidental, a confinarse y desplazarse de manera forzada para salvar sus vidas.
La situación fue denunciada a través de audios recibidos por el medio local Raíchali que fueron enviados por habitantes del pueblo ódami de la comunidad Cinco Llagas.
Según los testimonios, la situación afecta a "un grupo de rancherías" que han sufrido amenazas, allanamientos de sus casas y actos violentos de los cárteles de la droga que se disputan el control territorial del llamado Triángulo Dorado de la Sierra Tarahumara.
Los habitantes afectados denuncian que los enfrentamientos han dejado cercada la región y sin acceso a comida. "Estamos rodeados, ya no podemos salir. Apóyennos, por favor porque sí urge, porque ya no hay comida y está rodeado aquí, no podemos salir", expresaron los afectados, entre los que se encuentran al menos 300 indígenas rarámuri que tuvieron que desplazarse de las comunidades de El Cajoncito, El Pie de la Cuesta y Las Casas.
La situación se ha agravado desde el pasado 27 de agosto, cuando fue asesinada una persona cuyo cuerpo no ha podido ser recuperado debido a las amenazas de los irregulares que tienen azotada la zona, quienes han aprovechado la poca presencia de agentes de seguridad y la falta de respuesta inmediata de las autoridades para generar más violencia.
De acuerdo al mencionado medio, fue hasta la mañana del lunes 2 de septiembre, cuando el fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, informó que ya tenían presencia en la zona de conflicto y que se pondrían en contacto con el párroco para gestionar el apoyo a los habitantes afectados.
Además, el fiscal prometió que llevaría el tema a la reunión de seguridad para abordar la situación y garantizar la estancia de las fuerzas estatales en el lugar, mientras se coordina el apoyo humanitario, que requiere un plan especial de movilización por la dificultad para acceder a la zona.
Según las versiones de los pobladores, aunque ya hay presencia de autoridades gubernamentales, aún son "muy pocos" los agentes de seguridad para hacer frente a más de "un centenar" de hombres armados, que superan de lejos la cantidad de uniformados de las fuerzas del Estado. Además, indican, los cárteles operan desde los cerros y los difíciles caminos para acceder a las comunidades indígenas.