La jueza federal Martha Eugenia Magaña López ordenó la suspensión definitiva de la reforma judicial que debate el Congreso de México, y que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Con este fallo recrudece la controversia generada por una histórica iniciativa que pretende transformar por completo el sistema de justicia. El martes, la norma fue aprobada por la mayoría oficialista de la Cámara de Diputados y el próximo domingo será debatida en el Senado.
El proceso parlamentario establece que, si el Senado ratifica el proyecto, entonces será girado para su análisis a los 32 congresos locales, de los cuales necesita por lo menos el aval de 17 para que pueda entrar en vigor.
Magaña López advirtió que estos pasos no pueden llevarse a cabo porque ni López Obrador ni la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados respondieron a las solicitudes que ella les giró, con el objetivo de que le dieran un 'informe previo' sobre la reforma, con base en el amparo que interpusieron diversos magistrados para impedir que el Congreso debatiera la iniciativa.
"Fueron omisas en rendir su respectivo informe, no obstante de encontrarse debidamente notificadas para tal efecto", señaló el fallo citado por el portal Animal Político y en el que la jueza aseguró que, debido a este incumplimiento, procede la suspensión definitiva del proceso legislativo.
Tensión
"[El proyecto] no podrá ser considerado y menos aprobado por la nueva legislatura, y deberán abstenerse de enviarlo a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para su aprobación, hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio de amparo", explicó la togada.
Además, advirtió que si los senadores no cumplen con la orden, se les podría imputar el delito de "abuso de autoridad".
La jueza se convirtió en uno de los personajes centrales de la polémica que ha generado el proyecto de López Obrador, ya que el sábado pasado fue la primera autoridad judicial que solicitó a la Cámara de Diputados que suspendiera provisionalmente el debate legislativo. Luego se le sumó el juez Felipe Consuelo Soto.
Sin embargo, la Cámara de Diputados hizo caso omiso, por lo que Magaña López sentenció que la suspensión fuera definitiva, lo que vuelve a complicar el futuro de la ley, en caso de que los senadores la aprueben y la envíen a los congresos estatales, ya que se pueden imponer múltiples demandas por desacato.
La reforma, que entre sus capítulos más polémicos incluye la elección de jueces, magistrados y miembros de la Suprema Corte de Justicia a través del voto popular, es el último gran proyecto legislativo del Gobierno de López Obrador, quien el próximo 1 de octubre le entregará la banda presidencial a su sucesora, Claudia Sheinbaum.