La Policía Nacional de Colombia comenzó a intervenir para despejar las vías de las principales ciudades del país, que han permanecido bloqueadas durante cuatro días por un paro de transportistas de carga en protesta por el incremento de la tarifa del diésel.
Aunque los cierres se han extendido en buena parte del territorio colombiano, la situación ha resultado particularmente difícil en Bogotá, afectada por bloqueos hasta en 22 puntos diferentes, lo que ha causado el colapso generalizado en el desplazamiento de vehículos particulares, de servicio público y de transporte urbano, precisa El Espectador.
En la capital está prevista la actuación de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden en cinco puntos considerados críticos para la movilidad dentro de la urbe. La operación, que involucra agentes del Gobierno nacional y de la ciudad, supone el despliegue de 1.200 efectivos y seis drones, detalló a la prensa el alcalde bogotano, Carlos Fernando Galán.
Según videos difundidos a través de las redes sociales, las fuerzas del orden recurrieron a gases lacrimógenos para despejar las vías.
Afectaciones
La paralización del transporte de carga no solo ha afectado sensiblemente los desplazamientos dentro de las principales ciudades colombianas, sino que se ha traducido en desabastecimiento creciente de rubros esenciales como alimentos, medicinas y combustible, así como en la suspensión de actividades escolares, acumulación de basura, pasajeros varados en terminales y la pausa de obras en construcción.
En un balance ofrecido a los medios, Galán aseguró que en Bogotá, más de 724.000 menores no han podido acudir a sus clases, el ingreso de alimentos se redujo en 40 %, la pérdida económica diaria se estima en 30.000 millones de pesos (unos 7,18 millones de dólares), principalmente en los sectores de alojamiento y gastronomía, y se han acumulado 270 toneladas de residuos, reporta El Tiempo.
En el interior, la situación no es mejor. Por ejemplo, en Bucaramanga, capital del departamento de Santander, más de 400 pasajeros se quedaron varados en el aeropuerto Palonegro por la cancelación de vuelos, tras el cierre de la arteria vial que conduce al terminal aéreo. Además, en esa ciudad se sumaron a la paralización los taxistas.
A lo anterior se suma el deceso de un hombre de 60 años por causa de un infarto. Los medios locales refirieron que estuvo represado en su vehículo durante tres días en el municipio de Pailitas, en el departamento del Cesar, pese a que le explicó a los líderes de la manifestación que tenía un fuerte dolor en el pecho.
"Paro empresarial"
Por su lado, el presidente Gustavo Petro calificó las acciones de los transportistas como un "paro empresarial" detrás del cual estarían "oscuros intereses económicos o políticos", al tiempo que diferenció esa paralización de las demandas que nacen del "movimiento social". "El movimiento social siempre tiene reivindicaciones justas", apuntó.
"Solo mencionaré —ya tendré oportunidad de hablar a profundidad mañana o pasado— que sabemos distinguir perfectamente qué es un paro empresarial, que en inglés se llama 'lock-out'", sostuvo el mandatario en una alocución pronunciada la noche de este 4 de septiembre.
De conformidad con esta hipótesis, algunos choferes refirieron a los periodistas que han sido instruidos por sus superiores para participar en los bloqueos, pese a que no cuentan con condiciones adecuadas para la higiene ni para la salvaguarda de su carga.
"Estamos incómodos porque no hay ducha, no hay restaurantes, no hay baño, no hay nada. Es incómodo, no hay dormida. […]. Decidimos quedarnos aquí, a ver qué dicen nuestros jefes, nuestras empresas. No han dicho nada, no se han pronunciado. La empresa es la encargada, la que nos llama y nos dice: 'puede continuar'", sostuvo un transportista de carga inflamable en diálogo con La FM.
Este jueves, Petro volvió a pronunciarse sobre el tema en sus redes sociales, al comentar una publicación en la que se refería una reunión de alto nivel en el Palacio de Nariño, sede del Gobierno, en relación con las intervenciones policiales para poner fin al cierre de vías.
En ese orden, aseguró que la Fiscalía "tomará las medidas que haya que tomar", al tiempo advirtió que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y diversas superintendencias iniciarán "visitas a empresas intermediarias para asegurar que se estén pagando los precios de carga a los camioneros".
Entretanto, las conversaciones entre el Ejecutivo y el gremio están en crisis. La ministra de Transporte, María Constanza García, refirió esta jornada que en la víspera, las partes debatieron "distintas propuestas", que incluyen la posibilidad de establecer incrementos mensuales graduales hasta el próximo diciembre.
"Lamentablemente, anoche levantamos la mesa porque esta propuesta tampoco fue aceptada por los representantes del gremio. Hoy estamos esperando que sean estos representantes, los líderes que durante estos dos días han estado en conversaciones […] puedan retornar a esta mesa de diálogo con una respuesta clara y la posibilidad de llegar a un acuerdo en los términos que el Gobierno ya ha planteado", relató la funcionaria.