La Administración de Joe Biden tiene que llegar a un acuerdo con el Congreso estadounidense para que le permita usar 6.000 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania antes de que el 30 de septiembre expire el plazo para hacerlo, informa Reuters citando las fuentes familiarizadas.
El dinero forma parte de la Autoridad Presidencial de Reducción (PDA, por sus siglas en inglés), que permite al mandatario transferir artículos y servicios de defensa de las reservas estadounidenses en caso de situaciones de emergencia. La suma de 6.000 millones de dólares debe ser utilizada antes del fin del año fiscal, que termina el 30 de septiembre, o la Administración Biden deberá encontrar un modo de prolongar ese plazo.
La Administración y el Congreso ya mantienen conversaciones y, según las fuentes, el Departamento de Estado espera adjuntar una exención del uso de fondos previstos por la PDA a la llamada Resolución Continua, un proyecto de ley de gastos de emergencia a corto plazo que deberá ser aprobado por los legisladores este mes para evitar un cierre del Gobierno.
Según las fuentes, en este caso el plazo de entrega de ayuda militar a Kiev se extendería, lo que permitiría una transferencia más gradual de los recursos a Ucrania. Al mismo tiempo, las autoridades estadounidenses también consideran otra opción, que es gastar efectivamente el dinero antes de que expire. En este contexto, las fuentes señalaron que el Departamento de Estado podría hacer un anuncio sustancial sobre el uso de fondos de la PDA antes del 30 de septiembre.
A pesar de la actual incertidumbre, los asesores del Congreso aseguraron que las autoridades encontrarán una solución a este problema, ya que la mayoría de los legisladores apoyan el suministro de ayuda estadounidense al régimen de Kiev. Sin embargo, este año el flujo de armas a Ucrania se ha ralentizado, lo que se explica no solo por las preocupaciones del Departamento de Defensa sobre el agotamiento de sus propias reservas, sino también por la resistencia de algunos legisladores, que se oponen a que el dinero de los contribuyentes se envíe al extranjero.