¿Denuncia falsa? El rumor de dos detenciones enturbia el debate de la reforma judicial en México

La denuncia de la supuesta detención del senador Daniel Barreda Pavón y de su padre, planteada por el excandidato presidencial por el partido Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Máynez, enturbió el debate de la polémica reforma judicial en México.

En la red social X, Álvarez Máynez aseguró que el padre del senador de Movimiento Ciudadano había sido aprehendido por supuestas órdenes de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, perteneciente al partido oficialista Morena.

"La discusión de la Reforma Judicial debe suspenderse", instó el político, quien tramitó el lunes un amparo para impugnar la iniciativa propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

La reforma al Poder Judicial fue aprobada en la Cámara de Diputados el pasado miércoles 4 de septiembre, luego de una discusión que se extendió casi 20 horas, y este martes vive un debate clave en el Senado. La apuesta del oficialismo es lograr la ansiada luz verde con los respaldos asegurados de su bancada.

Voto anunciado

La semana pasada, Barreda Pavón fue una de las voces más críticas con la aprobación del instrumento en discusión. "Claro que necesitamos una reforma, pero hay que leerla, hay que estudiarla (...) Y hoy quiero decirles que después de haberla estudiado y haberla leído, mi voto va a ser totalmente en contra", aseveró.

La denuncia de la detención del padre del senador se hizo en un contexto de alta tensión. Desde la oposición hacen llamados a frenar el debate, mientras el oficialismo pretende sacarla adelante, pese a las protestas de ciertos sectores políticos y la negativa de buena parte del ámbito judicial.

Más tarde, durante el debate en el Senado, el senador Clemente Castañeda denunció que el propio Barreda había sido "detenido ilegalmente por la gobernadora de Campeche", por lo que pidió declarar un receso en el debate hasta que no hubiese "plena garantía" de que el parlamentario estaba en libertad.

No obstante, minutos después, la denuncia de las detenciones fue rebatida por el senador morenista Adán Augusto López. "Es evidente que con mentiras se intenta retrasar el debate. Quiero decirle con todo respeto al senador Castañeda que miente (...) Eso es absolutamente falso", aseveró.

En su intervención, López incluso afirmó que había conversado con el supuesto parlamentario aprehendido: "Yo sí sé dónde está el senador Barreda, acabo de hablar con él por teléfono y me dijo que no está detenido", sostuvo.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, aseveró que la mesa directiva "verificará la situación que ha estado circulando" y hará las "gestiones personalmente para la ubicación del padre y el senador". López, por su parte, adelantó que el parlamentario se encuentra en Ciudad de México.

Minutos después, la gobernadora de Campeche se pronunció en la red social X para desmentir la noticia sobre las detenciones. "Es una irresponsabilidad del señor Álvarez Máynez haber iniciado este rumor sin ningún fundamento", denunció Sansores.

Para el oficialismo, la estrategia de la oposición es desviar deliberadamente el avance de la discusión sobre la reforma con una denuncia que carece de sustento. 

¿Qué cambia la reforma?

La controvertida reforma judicial propone seleccionar a los ministros de la Suprema Corte, jueces y magistrados a través del voto popular, en elecciones que se llevarían a cabo en 2025, así como la disminución de su duración en el cargo de estos funcionarios. Además, bajo los principios de 'austeridad republicana', pretende poner un alto a los "gastos excesivos y onerosos" del Poder Judicial.

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También contempla que los salarios de los integrantes del máximo tribunal constitucional, jueces y magistrados se vinculen al del presidente de la República y se reduzcan sus prestaciones. Del mismo modo, aspira a que los miembros del Consejo de la Judicatura Federal, el órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial, sean también electos por voto popular.

Por otra parte, modifica el diseño y la estructura del Consejo, a través de la creación de un tribunal disciplinario judicial que ya no estará conformado por el ministro presidente de la Suprema Corte, como sucede en la actualidad.