El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó este miércoles que la reforma judicial se haya aprobado en el Senado gracias a controvertidos pactos y presiones a legisladores, como denunció la oposición.
"Es una decisión que tomaron los legisladores de manera libre", afirmó el mandatario en conferencia de prensa, luego de ser cuestionado por los escándalos que rodearon el debate y que incluyeron protestas y múltiples acusaciones sobre presuntas anomalías en el tratamiento parlamentario.
"Esto no deja satisfechos a muchos. A otros sí les agrada que se haya aprobado esta reforma al Poder Judicial, yo estoy en los últimos, a mí me agrada", respondió López Obrador al reconocer que no le importa que su partido haya concitado el apoyo de Miguel Ángel Yunes Márquez y de su padre, el exgobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares, dos políticos conservadores y emblemas de la corrupción que hasta ayer eran opositores.
En ese sentido, el presidente advirtió que lo prioritario era que la reforma se aprobara "con cualquier voto" porque sólo así se terminará con la corrupción y la impunidad del Poder Judicial.
"Se va a avanzar mucho cuando sea el pueblo, de manera libre, el que elija a los jueces, a los magistrados ,a los ministros (...) vamos a dar un ejemplo al mundo", confió al reiterar que gran parte de los jueces está "al servicio de una minoría rapaz que se ha dedicado a saquear al país".
Más allá de cómo se haya logrado la mayoría parlamentaria, insistió, lo importante es vislumbrar los beneficios que la reforma tendrá para el país. Por eso minimizó su histórico antagonismo y denuncias contra los Yunes.
"Tengo diferencias con él, notorias, como tengo con muchos otros, pero siempre en la política hay que optar entre inconvenientes. Es buscar el equilibrio entre la eficacia y los principios", dijo para justificar el repentino respaldo del exgobernador al oficialismo.
"Toma y daca"
Por otra parte, el presidente justificó el papel que desempeñó Adán Augusto López, líder de la bancada del partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado, para conseguir el voto de Yunes Márquez.
"¿Cómo no va a hablar con él un dirigente parlamentario cuando se están buscando los votos para obtener una reforma constitucional? (…) No me informó (qué hablaron) pero no creo que haya transado, para decirlo con claridad. Eso no lo hace ningún integrante de Morena", afirmó en medio de las versiones que aseguran que el Gobierno les ofreció impunidad judicial a los Yunes a cambio de su voto.
Por otra parte, el presidente afirmó que no hubo ningún acuerdo espurio con los Yunes. "¿Sabe por qué se piensa que hubo una negociación? Porque ese es uno de los problemas que tienen los conservadores y sus voceros: creen que somos iguales a ellos", dijo.
Aclaró, además, que él no habló con los Yunes para pedirles que respaldaran la reforma judicial a cambio de algún favor.
"Deberían los oligarcas que se sentían dueños de México, y sus voceros, buscar otra interpretación que no fuese tan simplista del toma y daca, el de la moneda de cambio, la relación mafiosa", convocó.
Cronología
López Obrador presentó la reforma en febrero pasado, pero después de meses de debate, el rotundo triunfo del oficialismo en las elecciones presidenciales y legislativas realizadas el 2 de junio permitió que se concretara un proceso parlamentario exprés.
El 1 de septiembre asumió la nueva Legislatura que tiene una amplia mayoría oficialista. Solo tres días después, la Cámara de Diputados aprobó la reforma y de inmediato la envió para su debate en el Senado, que la ratificó en tiempo récord.
Para que entre en vigor, la nueva ley debe ser aprobada por lo menos por 17 de los 32 congresos estatales, lo que se prevé también ocurrirá de manera acelerada pues el oficialista Morena gobierna en 24 entidades.
De hecho, este mismo miércoles, en cuanto terminó la sesión en el Senado, el Congreso de Oaxaca se convirtió en el primero en aprobar la reforma. En los días siguientes el debate se replicará en el resto de los parlamentos locales, por lo que se estima que a López Obrador le dará tiempo de promulgar la reforma antes de que termine su mandato el 1 de octubre.