La controvertida reforma judicial que impulsó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y que se propone cambiar por completo el sistema de justicia, fue aprobada por el Senado en una de las jornadas más escandalosas en la historia política del país.
El debate parlamentario se llevó a cabo entre gritos, denuncias de supuestas presiones del Gobierno, la sospechosa ausencia de un senador, traiciones partidarias, una insólita invasión de manifestantes, un cambio urgente de sede, protestas y choques en las calles.
La incertidumbre rodeó el debate, ya que la bancada oficialista del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados contaban con 85 votos, pero necesitaban por lo menos uno más para conseguir la mayoría calificada que exigen las reformas constitucionales.
Los 43 legisladores de la oposición habían advertido que votarían en bloque en contra, pero en las horas previas a la sesión comenzaron las especulaciones sobre quién de ellos traicionaría su compromiso y le daría al Gobierno, a cambio de alguna prebenda, el voto que le faltaba.
Los opositores denunciaron las presuntas presiones que enfrentaron para que cambiaran el sentido de su voto y aprobaran la reforma. De hecho, senadores del Movimiento Ciudadano exigieron a los gritos que la sesión se suspendiera porque su compañero de bancada, Daniel Barrera, y su padre, supuestamente habían sido detenidos ilegalmente por órdenes de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores (Morena).
El presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña; el líder de la bancada de Morena, Adán Augusto López; y la propia gobernadora negaron una y otra vez las acusaciones, pero el senador no aparecía. Horas más tarde, él mismo confirmó que no había podido asistir a la sesión porque debió acompañar a su padre a "una diligencia" urgente en Campeche, ya que la Guardia Nacional lo había "retenido".
"¡Traidor!"
Sin Barrera presente, al Gobierno le bastaban los 85 votos que tenía garantizados porque ello ya le daba la mayoría calificada, pero de todas formas se aseguró un apoyo más.
De manera insólita, el senador Miguel Ángel Yúnez, del opositor Partido Acción Nacional (PAN), pidió una licencia y renunció a su banca mientras la sesión se llevaba a cabo. Argumentó "motivos de salud". Desde el día anterior no se comunicaba con sus líderes partidarios, lo que ya había desatado una ola de especulaciones.
Su lugar fue ocupado de inmediato por su padre y suplente, Miguel Ángel Yunes Linares, el exgobernador de Veracruz, que ha estado involucrado en múltiples causas judiciales y que era un férreo opositor a López Obrador. En cuanto asumió la curul, se peleó con los dirigentes del PAN y defendió su derecho y el de su hijo a apoyar la reforma.
Su presencia atizó los rumores esparcidos en la prensa y que apuntaban a que el Gobierno le había ofrecido inmunidad judicial a la familia Yunes, a cambio de su voto. Cuando el exgobernador ingresó al Senado, la bancada de Morena lo recibió con aplausos y risas. Algunos incluso le mandaron besos al aire en señal de burla el resto de los opositores que le gritaban "¡traidor, traidor!".
La polémica no terminó ahí, ya que comenzaron a circular en redes sociales videos en los que se veía a Yúnez en los alrededores del Senado, junto con su padre, quien ya había jurado la suplencia, y con el senador Alejandro Yáñez González (Partido del Trabajo), aliado de Morena.
Los tres se abrazaban y sonreían, lo que desconcertó porque echaba por tierra la supuesta enfermedad que Yúnez hijo había argumentado para ausentarse de la sesión. En lo que parecía una comedia de enredos, un rato más tarde el senador dio por terminada una licencia que había durado escasas horas y volvió a ocupar su curul. Ya no estaba enfermo. Como todos sospechaban, al final avaló la reforma. Fue el decisivo voto 86.
Choques
El debate por la reforma judicial también se llevó a cabo afuera del recinto. Las protestas a favor y en contra del proyecto, que recrudecieron la semana pasada, se replicaron el miércoles en los alrededores del Senado.
La tensión aumentó por la tarde, cuando un grupo de manifestantes logró dar un portazo e invadió el salón en el que sesionaban los senadores, lo que alimentó los temores de que la violencia escalara. El presidente de la mesa directiva decidió suspender la discusión, pero advirtió que continuaría más tarde en la sede antigua del Senado, ubicada en el centro histórico de la Ciudad de México.
Hasta allá se fueron senadores y manifestantes. En los medios y en las redes sociales, el oficialismo denunciaba un intento de "golpe de Estado". La oposición, por su parte, aseguraba que el plan del Gobierno de aprobar la reforma judicial a toda costa era para instalar "una dictadura".
En las calles, en tanto, las marchas en contra del proyecto derivaron en choques con las fuerzas de Seguridad, que usaron extintores de incendios para tratar de dispersar a la multitud. Hubo corridas, empujones, golpes y gritos. "¡No tenemos miedo!" y "¡represión, represión!", clamaban los manifestantes.
De nada sirvió. Pasada la medianoche, la reforma judicial fue aprobada en lo general, y en el amanecer de este miércoles, en lo particular, lo que representó el último gran éxito legislativo de un Gobierno que terminará el próximo 1 de octubre, cuando López Obrador le entregue la banda presidencial a su sucesora, Claudia Sheinabum.