EE.UU. sanciona a la presidenta del Supremo venezolano y a otros 15 funcionarios

El Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció este jueves la imposición de sanciones a 16 personas, entre las que se encuentran la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Rodríguez,y el vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Pedro Infante.

En una publicación del organismo estadounidense, se informa que las medidas coercitivas unilaterales recaen en 16 altos funcionarios de tres poderes públicos venezolanos y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

A partir de ahora, todos forman parte de la llamada "lista negra" de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), acusados supuestamente de "obstruir el proceso electoral presidencial competitivo e inclusivo en Venezuela y violar los derechos civiles y humanos del pueblo".

Según el Tesoro, estos miembros del CNE y el TSJ "impidieron un proceso electoral transparente y la publicación de resultados electorales precisos". Además, se señala a "los funcionarios militares, de inteligencia y del Gobierno" de ser los "responsables de intensificar la represión mediante la intimidación, las detenciones indiscriminadas y la censura".

Las personas sancionadas de manera unilateral son: 

• Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez: Presidenta del TSJ y de la Sala Electoral del máximo tribunal.
• Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta: Magistrado del TSJ, perteneciente a la Sala Constitucional.
• Malaquías Gil Rodríguez: Magistrado y presidente de la Sala Político Administrativa del TSJ. 
• Juan Carlos Hidalgo Pandares: Magistrado y vicepresidente de la Sala Político Administrativa del TSJ.
• Fanny Beatriz Márquez Cordero: Vicepresidenta del TSJ y miembro de la Sala Electoral
• Edward Miguel Briceño Cisneros: Juez especial del Tribunal Primero de Primera Instancia.
• Luis Ernesto Duéñez Reyes: Fiscal del Ministerio Público, quien firmó la orden de aprehensión contra el excandidato Edmundo González.
• Dinorah Yoselin Bustamante Puerta: Fiscal en el Juzgado Primero de Letras Especializado de Venezuela.
• Rosalba Gil Pacheco: Rectora del CNE y presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral de ese organismo.
• Antonio José Meneses Rodríguez: Secretario General del CNE.
• Domingo Antonio Hernández Lárez: Comandante Operacional Estratégico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
• Elio Ramon Estrada Paredes: Comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB)
• Johan Alexander Hernández Lárez: Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Capital de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
• Asdrúbal José Brito Hernández: Director de Investigaciones Criminales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
• Miguel Antonio Muñoz Palacios: Subdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN).
• Pedro José Infante Aparicio: Primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN).

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Estas medidas punitivas individuales, según el Departamento del Tesoro, incluyen el bloqueo de "todos los bienes e intereses en bienes" de estas 16 personas, que se encuentren en EE.UU. Hasta el momento, no ha habido reacciones del lado venezolano.

La presidenta del TSJ y varios de sus magistrados fueron sancionados por Washington, luego de que esa máxima instancia convalidara la reelección de Nicolás Maduro, quien ganó los comicios del pasado 28 de julio.

El Supremo supervisó un proceso de peritaje hecho por expertos de varias áreas que analizaron el material electoral consignado por el CNE, los excandidatos y sus partidos, luego de que el exaspirante Edmundo González no aceptara los resultados del escrutinio y alegara "fraude".

• Los rectores del CNE fueron incluidos en la lista de la OFAC por formar parte del Poder Electoral, encargado de organizar y arbitrar los pasados comicios presidenciales. EE.UU. ha desconocido sistemáticamente los resultados que no han sido favorables a los sectores de la oposición que respalda.
• A los fiscales del Ministerio Público se les impusieron sanciones debido a que el ente acusador pidió una orden de aprehensión contra González por la presunta comisión de varios delitos, entre ellos usurpación de la función pública y conspiración. Tras su huida a España, la Fiscalía consideró que el caso estaba judicialmente cerrado.