¿Política racista? Gobierno de Perú responsabiliza a los indígenas por los incendios

Los señalamientos del Gobierno de Perú sobre los indígenas en relación con los incendios que asolan el país desde hace semanas están levantando críticas que aseguran que se trata de una política racista que culpa a los pueblos autóctonos a la vez que no les proporciona medios para lidiar con la catástrofe ambiental.

Los repudios se exacerbaron después de las declaraciones del primer ministro, Gustavo Adrianzén, que este lunes pidió a las comunidades agrícolas que terminaran con las quemas de pastizales, en la misma jornada en la que se informó de que ya se habían producido 15 muertos y 134 personas heridas por la acción de las llamas en los 222 incendios reportados en 22 de los 24 departamentos del país.

"Por favor les ruego que cesen con la práctica de quema de pastos, todos los incendios que se están dando a nivel nacional tiene origen humano", afirmó el político en declaraciones recogidas por los medios nacionales, en las que apuntaba a las quemas agrícolas y a los campesinos indígenas.

Los críticos denuncian que dirigir el foco hacia lo que el político calificó de costumbre ancestral, hace que quede en la impunidad las actividades de minería, tala y agronegocio.

Asimismo, se señala que el Gobierno no está asumiendo su responsabilidad, en primer lugar por no atender sus obligaciones de hacer frente a la emergencia con más medios, y en segundo, por no reconocer que los incendios responden también al modelo económico establecido que incentiva la deforestación.

Las quejas sobre la falta de acción del Ejecutivo vienen avaladas por situaciones como la que afecta principalmente a la comunidad Tsiquireni, donde ya se han quemado alrededor de 50 hectáreas y todavía no se ha registrado presencia de las autoridades.

El incendio comenzó el 10 de septiembre, según reportan medios locales, y desde entonces los comuneros están trabajando sin apoyo público para sofocar las llamas, que continúan extendiéndose. Cuentan únicamente con la ayuda de los Comités de Autodefensa (CAD) de las comunidades vecinas.

No se trata de un caso aislado. Lo mismo se reporta en Loreto, donde ya se llevan arrasadas 100 hectáreas desde el pasado 9 de septiembre y ha afectado a varios núcleos de población. Sin embargo, la zona no ha sido incluida en la lista de regiones afectadas por incendios forestales y no se ha recibido la ayuda solicitada a las autoridades de brigadas especializadas, víveres y medicinas.

El Gobierno se niega a declarar la emergencia

Diversas autoridades han reclamado al Gobierno que tome más medidas y aporte más medios para sofocar los incendios que ya han consumido más de 53.000 hectáreas en todo el país.

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Entre ellas se encuentra la Defensoría del Pueblo, que este lunes instó al Gobierno presidido por Dina Boluarte a declarar el estado de emergencia, algo a lo que se ha negado hasta la fecha el Ejecutivo.

Así, Adrianzén señaló en declaraciones a los medios que todavía no hay "razones tan críticas que justifiquen una declaratoria de estado de emergencia" y que aún no se está en el punto de reclamar ayuda internacional, como sí han hecho países del entorno, como Ecuador, Bolivia o Paraguay, que también están sufriendo una oleada de incendios.