El Consejo de la Judicatura Federal de México (CJF) aprovechó la polémica generada en el país tras la aprobación de la controvertida reforma judicial en el Congreso, para disminuir la edad de jubilación de jueces y magistrados de ese órgano antes que entren en vigor los nuevos ajustes constitucionales.
La medida, avalada por unanimidad el pasado 11 de septiembre en medio de la turbulencia política y social generada por la reforma, permite a los togados jubilarse 10 años antes de lo establecido, es decir, que ahora podrán recibir su pensión complementaria a los 55 años y no a los 65 como ocurría, explican medios locales.
La autorización del CJF le permite también a jueces y magistrados recibir pensiones vitalicias de ese mismo organismo más la que paga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Para el CJF, la medida "garantiza que las y los juzgadores federales que estén en posibilidad de acceder a una pensión del ISSSTE, también puedan tener acceso a la pensión complementaria y ejercer su derecho a una jubilación digna, acorde a su trayectoria y años de servicio".
Además, el decreto del CJF indica que la jubilación anticipada "es la posibilidad que tienen los magistrados de circuito o jueces de distrito, que no cumplan la edad (...) para solicitar su retiro voluntario cuando cuenten con alguna de las pensiones otorgadas en términos de la Ley del ISSSTE".
El CJF, presidido por la ministra Norma Piña Hernández, es el órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y de la carrera judicial del Poder Judicial, a excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
"Un auténtico Estado de derecho"
La reforma judicial presentada en febrero, ha sido una de las propuestas más polémicas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que durante todo su proceso de aprobación y ratificación se ejecutó en medio de protestas de los trabajadores del Poder Judicial, que rechazan la iniciativa que entrará en vigor antes de que termine el periodo presidencial, el próximo 1 de octubre.
Entre los cambios que generan más rechazo en los togados, es que la reforma judicial establece la selección de ministros de la Suprema Corte, jueces y magistrados a través del voto popular, en elecciones que se llevarían a cabo en 2025. De igual forma, está la disminución de su permanencia en el cargo y disminuir los "gastos excesivos y onerosos" del Poder Judicial.
La reforma también contempla que los salarios de los integrantes del máximo tribunal constitucional, jueces y magistrados se vinculen al del presidente de la república y se reduzcan sus prestaciones. Además, aspira a que los miembros del Consejo de la Judicatura Federal, el órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial, sean también electos por voto popular.
Para López Obrador, el proyecto avalado es clave para "que no haya corrupción en el Poder Judicial", que estaba dominado por "una oligarquía" con "fachada de democracia" y que ahora estará bajo el mando del "pueblo".
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