El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este martes lo que sería una drástica decisión sobre los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), después del ataque a una base militar ubicada en Puerto Jordán, en el departamento de Arauca, recoge El Tiempo.
Durante la toma de posesión de la magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, Claudia Expósito, el mandatario colombiano responsabilizó al ELN, con el que aseguró que estaban "conversando de paz", de perpetrar el atentando contra la instalación militar con un tractocamión cargado de explosivos. Hasta el momento, el ataque dejó un saldo de dos soldados muertos y 27 heridos.
Asimismo, Petro comparó el reciente ataque con otro similar que tuvo lugar en enero de 2019 en la Escuela de Cadetes de la Policía en Bogotá, que dejó 20 muertos y 68 heridos y provocó que el Gobierno colombiano pusiera fin a las conversaciones que mantenía con el ELN.
"Han perdido una oportunidad histórica para negociar la paz"
"Como sucedió aquella vez en otro sitio aquí cerca, en la Escuela de la Policía, pues murieron muchísimos agentes de policía, alféreces que estaban estudiando allí, pues prácticamente es una acción que cierra un proceso de paz con sangre", indicó Petro.
Por su parte, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, señaló que esta última agresión es un indicativo de que los miembros del grupo guerrillero "definitivamente no están interesados en la paz de Colombia". "Lo que tiene que hacer el Estado es perseguir a esos autores del atentado y estamos en una decisión clara [de] luchar contra esos violentos", apuntó Cristo, agregando que "el ELN no entendió el mensaje […] ha perdido una oportunidad histórica para negociar la paz".
Las negociaciones de paz entre las autoridades colombianas y el ELN llevan alrededor de cinco meses paralizadas, mientras que el cese al fuego entre ambas partes concluyó el pasado 3 de agosto. Según medios locales, se han incrementado las agresiones en el departamento de Arauca por parte del ELN en un intento de que el Gobierno colombiano acceda a las demandas de la organización guerrillera.