La Cámara de Diputados de México aprobó este jueves, con 362 votos a favor, 133 en contra y 0 abstenciones, la reforma constitucional que permitirá que la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad que tenía un carácter civil-militar, quede por completo al mando del Ejército.
El proyecto pasará ahora para su debate en el Senado, en donde se prevé que será ratificado la semana próxima, en vísperas del cambio de Gobierno entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien asumirá el 1 de octubre.
De esta forma, el mandatario logra uno de sus últimos éxitos parlamentarios gracias a la contundente mayoría legislativa que el oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) obtuvo en las elecciones del pasado 2 de junio.
La Guardia Nacional fue creada en 2019, durante el primer año de Gobierno de López Obrador, como una nueva institución conformada por más de 100.000 efectivos que dependían de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero que tenían un mando militar únicamente hasta el año 2024.
Luego, gracias a una reforma, se amplió ese período hasta el 2028, lo que implicó que personal militar participara en tareas de seguridad interna, en particular en la lucha contra el narcotráfico.
Cambios
En febrero pasado, el presidente envió un paquete de reformas en el que incluyó la militarización total de la Guardia Nacional, lo que provocó una fuerte polémica.
La nueva reforma que aprobó la Cámara de Diputados modifica 12 artículos de la Constitución, confirma la desaparición de la Policía Federal y prohíbe a sus exintegrantes formar parte de la Guardia Nacional, salvo que se limiten a ejercer tareas administrativas.
También consolida la integración automática de personal militar a la Guardia Nacional. La Secretaría de la Defensa Nacional manejará el presupuesto, la capacitación y todas las operaciones de este cuerpo.
Uno de los puntos más controvertidos establece que los militares adscritos a la Guardia Nacional solo pueden ser juzgados por los Tribunales de Justicia Militar, en caso de que cometan algún delito en el ejercicio de sus funciones de seguridad pública.